El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, señaló que el Estado venezolano «no posee la estructura legal para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad».
El máximo representante de la CPI, considera además que el Estado venezolano no investiga la cadena de mando, solo a los perpetradores de los delitos. En su informe concluyó que estos casos, “son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas».
Este documento surge en respuesta al gobierno venezolano que solicitó el pasado 28 de febrero, desechar la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad, según reseña Runrun.org.
La fiscalía de la CPI manifestó que “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.
