Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia rechazan de manera categórica el cierre definitivo de las emisoras de radio privadas 99.1 y 92.9, decisión asumida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la noche del viernes 25 de agosto de 2017, de manera arbitraria y sin previo aviso, bajo el argumento de que se les había terminado la concesión a ambas plantas radiofónicas.
Estas emisoras de radio se encontraban operando sin la debida renovación de la concesión por una intencional dilación por parte de Conatel. En este momento cerca de 320 emisoras radiales se encuentran sin la concesión correspondiente porque al Gobierno Nacional, a través de Conatel, organismo que en los últimos cinco meses ha cerrado unas 42 estaciones de radio en todo el país sin justificación alguna, ha adoptado como política mantener suspendida las renovaciones de las concesiones a las radios privadas, especialmente las que tienen una política editorial independiente, para tratar de someterlas, buscando que no informen sobre los problemas que afectan al país, que generan acciones de protesta y críticas a la gestión de gobierno.
Esta política represiva contra las radios independientes también se está aplicando a televisoras nacionales y a los canales internacionales que se ven a través de las cableras, lo que ha afectado dramáticamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos de este país. Este oscuro panorama de la libertad de expresión en Venezuela se va a complicar, aún más, con la propuesta de Ley contra el odio, la intolerancia y la violencia solicitada por Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que por su ilegalidad de origen no tiene la potestad para legislar pero, estando ya fuera de ley, el gobierno de Maduro buscará imponerla para dar la estocada definitiva y producir un apagón informativo en el país.
Es importante destacar que con el cierre de estas emisoras de radio no solo se afecta la libertad de expresión, sino que también se perjudica directamente a los trabajadores de esos medios de comunicación social y a las familias que dependen económicamente de ese sustento.
En tal sentido exhortamos al director de Conatel, Enrique Quintana, a que cumpla con la normativa de esa institución en cuanto a la revisión de las concesiones de las estaciones de radio y televisión que están vencidas como las que están por vencerse y ofrezca una decisión oportuna, para que de esa manera puedan cumplir con lo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones, asumiendo así Conatel sus funciones como ente facilitador y no como censor y aniquilador de la libertad de expresión.
Caracas, 27 de agosto de 2017
