El «tira y encoge» con el tema de las tarifas del transporte público se repite en el municipio Simón Rodríguez. Ante el desacato al tabulador de precios por parte de los conductores, el concejal Rafael Silva solicitó al alcalde Ernesto Raydán y a la Dirección de Tránsito Municipal, hacer cumplir las normas establecidas en Gaceta.
De no tomarse las medidas que conduzcan a acatar las decisiones, el edil advirtió que pudiera presentarse una situación de anarquía debido a que los usuarios tampoco aceptarán que los choferes impongan los aumentos.
Silva denunció que es una práctica recurrente del gremio transportista irrespetar los acuerdos suscritos por el cuerpo legislativo a lo largo del tiempo.
Como prueba de su argumento, el concejal mencionó que en diciembre las organizaciones subieron el costo del boleto de 600 bolívares a Bs 1.200. Luego, el 7 de marzo la elevaron a Bs 2.000 y Bs 2.500, todas sin estar refrendadas por el ente edilicio.
Pese a las alzas unilaterales, el legislador aseveró que decidieron adelantar la discusión de este año para la puesta en vigencia de un régimen tarifario legal.
Ese debate se suscitó el pasado martes, cuando junto con sus homólogos aprobaron el incremento del servicio urbano a Bs 1.500 en busetas y autobuses y Bs 2.000 en los vehículos de cinco puestos, pero los choferes salieron a desobedecer y cobran 2.000 y Bs 2.500, respectivamente.
«Nosotros entendemos la existencia de una situación económica compleja, signada por una guerra económica y que se siente en el costo de medicinas, alimentos y en los insumos para los vehículos, como cauchos, aceite y baterías», dijo Silva. Pero aclaró que esa condición no es pretexto para trasladar todo el peso al usuario. «Todo hay que colocarlo en una balanza y buscar un punto de equilibrio», concluyó.
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