El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Francisco Sucre, denunció la pretensión de Guyana de querer extraer 450 mil barriles de petróleo liviano de la zona en reclamación, al tiempo que rechazó categóricamente la judicialización de la controversia territorial. Las declaraciones las hizo en el debate sobre la ratificación de la soberanía de Venezuela en el Esequibo, en la sesión ordinaria de este 1° de octubre.
“No es solamente el tema del Esequibo, sino también se trata de los recursos petroleros y oro que están en ese territorio. En toda la fachada Atlántica del Esequibo, Guyana mantiene trabajos con empresas transnacionales para comenzar el año que viene a sacar petróleo y la proyección que manejan es que van a extraer 450 mil barriles de petróleo liviano, cuando el Acuerdo de Ginebra establece que para poder dar concesiones se requiere del consentimiento conjunto de los dos países, también establece que el otorgamiento de concesiones en esa área no significa titularidad sobre el territorio ni de las áreas marinas y submarinas de esa parte del Atlántico.”
El parlamentario recordó que es la sexta vez que llevan el tema a la plenaria legislativa en defensa de los intereses estratégicos de Venezuela, en relación a la reclamación del territorio Esequibo y la salida al Océano Atlántico. También hizo un recuento sobre la historia diplomática que se ha mantenido.
“La postura de esta Asamblea Nacional, ante la disputa es la de rechazar categóricamente la judicialización de la controversia territorial del Esequibo. Estamos proponiendo este acuerdo como una reafirmación histórica, siendo la única institución legítima en la estructura jurídica de Venezuela. Rechazamos la pretensión unilateral de Guyana de demandar a nuestro país y establecer un dictamen nulo que no puede ser la base legal para que pretendan quedarse con nuestro territorio.”
Sucre recordó que fue en la gestión de Nicolás Maduro como canciller, durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando se avaló la política antinacional de permitir que Guyana pudiera desarrollar proyectos energéticos y económicos en el área en reclamación.
