Luis David Blanco, propietario del local Time Beer ubicado en la calle 19 sur de El Tigre, tuvo un derecho de palabra en la sesión ordinaria de la Cámara Municipal este martes 16 de marzo.
Luego de exponer ante los concejales el hecho que catalogó como «abuso de poder» por parte del alcalde Ernesto Raydán, quien en compañía de Andrew Espejo (director de la Alcaldía) y un escolta ejecutaron el cierre de su establecimiento (sustrayendo además la cartelera fiscal) la noche del miércoles 10 de marzo, el afectado tuvo el feedback de dos integrantes del poder legislativo local.
El concejal Jorge Márquez señaló que en ese procedimiento de cierre el alcalde Ernesto Raydán incurrió en al menos tres delitos: Artículos 203 y 451 del Código Penal Venezolano y el artículo 42 Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Después de leer las disposiciones legales, Márquez aseguró que ante un hecho de flagrancia se debió girar una orden de aprehensión contra el alcalde, así como la investigación por parte del Ministerio Público.
Presunto delitos cometidos durante el procedimiento:
Código Penal Venezolano
Artículo 203. Todo funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona cualquier acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de quince días a un año; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta parte.
Con la misma pena se castigará al funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, excite a alguna persona a desobedecer las leyes o las medidas tomadas por la autoridad.
Artículo 451. Todo el que se apodere de algún objeto mueble, perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de un año a cinco años.
Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria (1 U.T.), la pena será de prisión de tres meses a seis meses.
Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada, y por el copropietario, el asociado o coheredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviere la cosa en su poder. La cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable.
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Artículo 42. Violencia física. El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.
Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad.
Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley.
Concejales expresaron solidaridad a los comerciantes afectados
El presidente de la Cámara Municipal respaldó el testimonio del afectado. «Quiero solidarizarme contigo y tu esposa y todos los que fueron de alguna manera agredidos. No es el espíritu de esta Cámara Municipal, de primera mano vemos un procedimiento amañado que no cumplió con lo que corresponde, más allá de cualquier detalle personal que no nos interesa, como dijo el concejal Jorge Márquez». Fuentes aseguró que no van a permitir abuso de autoridad «mucho menos de ese señor que cree que tiene todo el poder».
Fuentes ordenó la inspección por parte de la Comisión de Urbanismo y Hacienda.
«Estamos del lado de la justicia y vamos a hacer que se cumpla en este municipio. Ninguno de los que estamos acá tenemos la autoridad y mucho menos él, tiene derecho para ir a cualquier establecimiento y meterse en un lugar y sacar una cartelera fiscal. Para eso hay un procedimiento». Fuentes finalizó el tema asegurando que «lo que se difundió, no estuvo adecuado» y va a ayudar a los propietarios a solucionar el inconveniente.
