El 16 de agosto cinco jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) comenzaron una huelga de hambre cerca de la sede de la casa matriz del holding en Alta Vista, para exigir a la junta interventora presidida por Héctor Silva Hernández, el pago de sus prestaciones sociales.
Con una sábana blanca y zapatos rotos, dicen que prefieren «morir de hambre en las calles que en sus casas».
Los manifestantes son Francisco Díaz, trabajador de 77 años, con 35 años de servicio en CVG Sidor. Pablo Millán, de 73 años y con una trayectoria de 55 años en Sidor. Hipólito Cedeño que laboró durante 49 años en Sidor y fue jubilado a sus 73 años. José Rodríguez, sidorista de 66 años con 48 años de labores en Sidor. Hugo Medina, trabajador de CVG Venalum de 62 años con 19 años de trayectoria en la empresa estatal del aluminio.
«Estamos 14 veces por debajo del marcador de pobreza extrema mundial. Ahora este gobierno ha secuestrado las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. No nos reconocen el pago de las prestaciones, esto no puede ser”, declaró a Correo del Caroní Hugo Medina, quien además es presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).
A través de su cuenta en la red X, la periodista Francesca Díaz señaló la tarde del jueves que en el segundo día de huelga, se presentó la junta interventora de la CVG para plantear una reunion la próxima semana, sin embargo los manifestantes afirmaron que no levantarán la manifestación.
En otro tuit, la periodista escribió que «la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar, Maritza Moreno, hizo acto de presencia en la huelga para ofrecer atención médica a los huelguistas».
Según declaraciones de la enfermera, todos los manifestantes amanecieron el jueves con la tensión arterial alta, debido a que ninguno ha podido comprar hipertensivos, por lo que están poniendo en riesgo sus vidas.
Los manifestantes señalaron que más de 200 empleados pasaron a ser pensionados en diciembre de 2022 pero no han recibido el pago de sus prestaciones, a pesar que la ley establece 5 días como lapso para recibir el dinero.
Denunciaron que al pasar al estatus de nómina inactiva sufrieron una reducción salarial de 40%, a pesar de que la ley establece que las pensiones deberían ser equivalentes al 80% de lo que perciben los trabajadores activos.
«La gente se muere y Sidor no le paga. Salí jubilado en enero y lo que me dan es una bolsa de comida y mala. Le hago un llamado a Nicolás Maduro y a todo el que tenga que ver, hagan la diligencia para que nos cancelen nuestras prestaciones”, explicó Pablo Millán, uno de los manifestantes.
Los huelguistas sostuvieron que no se moverán del sitio de la protesta hasta recibir una respuesta al caso. Asimismo indicaron que buscan defender los derechos de más de 5 mil jubilados que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad de sus derechos laborales.
