Venezuela acudió este martes a Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acusada de despedir, en 2004, a funcionarios públicos que firmaron una petición de referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, lo que el Estado atribuye a situaciones contractuales avaladas por ley, reseñó EFE.
“Este no es un caso aislado. Es un ejemplo del contexto de violaciones a los derechos políticos de quienes firmaron la solicitud de referéndum”, afirmó ante los jueces Francisco Eguiguren, agente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que presenta los casos a la Corte.
La CIDH acusa a Venezuela de incurrir en discriminación por razones políticas y de violar los derechos políticos y la libertad de expresión de las tres denunciantes de este caso: Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, las únicas funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras que firmaron la solicitud de referéndum.
“La Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre las salvaguardas para que todos puedan ejercer sus derechos políticos sin temor”, apuntó Eguiguren.
Los jueces escucharon en la sede de la Corte, en Costa Rica, el testimonio de Rocío San Miguel, una abogada que se desempeñaba como asesora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras y que hoy trabaja como defensora de derechos humanos en Venezuela.
“Los derechos políticos me asisten, como a todos los venezolanos, para solicitar el referéndum a pesar de la estigmatización que ello conlleva. (Funcionarios de Gobierno) Nos llamaron traidoras y terroristas”, manifestó San Miguel.
La abogada relató que el Gobierno de Chávez recibió del Consejo Nacional Electoral la lista de unos tres millones de venezolanos que firmaron la petición de referéndum y luego la hizo pública.
San Miguel dijo que entre las afectaciones que sufrió está ser despedida como docente, la pérdida de la carrera militar de su esposo como represalia gubernamental, amenazas de muerte, persecución a su familia, así como secuelas físicas y emocionales.
“Quien tiene una posición crítica y disidente en Venezuela es castigado. Podemos llegar a Venezuela y ser castigados”, advirtió la abogada, quien relató una serie de dificultades que enfrentaron las denunciantes de este caso para salir de su país y estar presentes en la audiencia de hoy.
San Miguel agradeció a los jueces de la CorteIDH porque, dijo, “es la primera vez que me escucha un tribunal imparcial e independiente”, y les pidió medidas para que situaciones similares no se vuelvan a presentar.
“Quiero que se sepa la verdad de lo que sucedió con nosotros y con miles más y que sigue sucediendo. Quiero que se sancione la discriminación política porque está destruyendo el alma de Venezuela y va a acabar llevando a una guerra entre nosotros mismos”, expresó San Miguel entre lágrimas.
El Estado venezolano presentó al perito César Augusto Tillero, quien se desempeña como asesor jurídico en su país, quien en su exposición señaló que las demandantes trabajaban para el gobierno con contratos por servicios profesionales y no como funcionarias de carrera.
“La ley permitía dar por terminado el contrato sin determinar causas explícitas y sin el requisito de hacerlo con un mes de anticipación”, aseguró Tillero.
El abogado hizo una diferencia entre los funcionarios de carrera y los “funcionarios de libre nombramiento y remoción”, categoría en la que el Estado afirma que se encontraban las denunciantes.
“Solo gozan de estabilidad los funcionarios de carrera, los contratados no, porque es otro régimen”, comentó Tillero.
El perito aseguró que el despido de las tres denunciantes no puede ser considerado una sanción y explicó que no gozaban de beneficios de movilidad laboral.
La CorteIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría emitir una sentencia durante este año.
