El miércoles 10 de marzo se generó un conflicto por el cierre de un local ubicado en la calle 19 sur de El Tigre. Diario El Vistazo ofrece detalles de las versiones de las partes involucradas.
El director de la Alcaldía de El Tigre, Andrew Espejo, que fue uno de los funcionarios presentes en el presunto procedimiento ejecutado en compañía del alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Raydan, manifestó que acudieron hasta el local Time Beer atendiendo al llamado de vecinos que denunciaron el supuesto funcionamiento del sitio fuera del horario permitido por la pandemia del Covid-19.
«Son operativos que se realizan de forma permanente de acuerdo a la cuarentena radical a nivel nacional». Al preguntarle qué consiguieron al llegar al establecimiento, Espejo indicó que en el interior «habían entre 8 y 10 personas ingiriendo bebidas alcohólicas».
Por esa situación informaron a los propietarios que anulaban la patente de Industria y Comercio del local, mientras tomaban la cartelera fiscal que fue guardada en el asiento trasero del vehículo del alcalde.
El funcionario mencionó que para hacer cumplir la orden emitida desde el Ejecutivo Nacional, están desplegados haciendo supervisión de locales, la dirección de Convivencia Ciudadana y Protección Civil. En cuanto a la iniciativa del alcalde de participar en este procedimiento, Espejo expresó:
«Para nadie es un secreto que no contamos con la disponibilidad de un cuerpo de seguridad del Estado y a pesar de eso el alcalde es la primera autoridad del municipio y para nosotros lo primordial es velar como lo hemos hecho todos estos años, por la salud de nuestro pueblo».
Por su parte, los dueños de Time Beer, Luis David Blanco Briceño y Enilegni Carreño, expresaron que no es cierto que había personas consumiendo licor, solo estaba el equipo operativo que ya había finalizado la jornada delivery de comidas del día.
Además de cuestionar por qué las autoridades municipales no divulgaron fotografías del supuesto grupo de personas que afirman estaban consumiendo alcohol dentro del local, también rechazaron la informalidad del procedimiento.
«Dónde estaba la gente de Convivencia Ciudadana, dónde estaba la gente del Samat. No creo que por ser alcalde o pertenecer a un partido político pueda ir a amedrentar gente que sólo está trabajando», expresó Blanco. «Fue un total atropello del señor alcalde y del director de la Alcaldía», agregó Carreño.
Ante esas irregularidades, asistieron a la Fiscalía 7° y al Cicpc para dejar constancia de lo que ellos consideran un atropello y abuso de poder.
Así mismo señalaron que si bien comenzaron a trabajar desde enero del 2021, «de tres semanas para acá les molesta nuestro local. No entendemos qué pasa, cuál es el problema». En la entrevista expresaron que al parecer hay un inconveniente personal con uno de sus amigos y el alcalde, pero eso no tiene nada que ver con ellos, expresó Luis David.
Agregó que antes de este encuentro, hace aproximadamente dos semanas asistió al local el director de la Alcaldía y personal de Planificación Urbana para notificar de forma verbal, que una ampliación del local (una terraza), estaba fuera de los parámetros permitidos y debían demoler la estructura.
Los propietarios expresaron nuevamente su queja por la falta de formalidad de la administración municipal y afirmaron que de confirmarse que ellos están al margen de la ley, lo lógico es que les den un plazo para hacer las modificaciones pertinentes.
«Qué hago con mis ahorros, qué hago con la inversión hecha», dijo Carreño.
«Esto es un shock emocional (…) aquí hay un esfuerzo, un trabajo, una meta (…) he buscado la manera de mediar y me cerraron la puerta», refirió Blanco.
