A casi un mes de la toma de la sede del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO), ubicada en la ciudad de Cumaná, el martes 21 de mayo se presentó un fiscal del Ministerio Público. En el procedimiento funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), estuvieron presentes.
El grupo de personas que mantiene secuestrado el edificio, entre los que destacan algunos estudiantes, aseguran que el funcionario acudió a recabar información por la denuncia de desvío de fondos públicos por parte de la rectora Milena Bravo.
Jonaikel Jiménez, vocero del grupo estudiantil que se mantiene en las oficinas rectorales desde el 30 de abril, informó de las actuaciones iniciadas por la vindicta pública.
Pero las autoridades universitarias aseguran que la representación de del Ministerio Público, acudió respondiendo a la denuncia que hizo la universidad, «fue a constatar y a hablar con ellos (tomistas), pero igualmente se negaron a salir».
Al fiscal designado le fue permitido el acceso a las oficinas, en donde presuntamente realizó la inspección de las instalaciones por petición de la consultoría jurídica de la UDO.
