La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Delsa Solórzano aseguró que la Asamblea Nacional ha contribuido con el informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) donde está evidenciado el abuso ejecutado por 11 funcionarios involucrados, entre ellos Nicolás Maduro y los 131 asesinatos comprobados entre 2014 y 2017.
«En el documento presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, están reflejadas 8.292 ejecuciones judiciales, incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12 mil detenciones, 1.300 presos políticos desde 2013 y en este momento aún se mantienen privados de libertad 417, todo esto se ha hecho de forma sistemática y generalizada».
Solórzano recordó que no existen privilegios a la hora de enjuiciamiento, según el artículo 27 del Estatuto de Roma, señala que no existen privilegios ni inmunidades al igual que el 29, ordena que los delitos no prescriben.
«Dando cumplimiento al artículo 54 del Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la fiscal Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones presentadas ante la CPI.
