Comerciantes y empresarios colapsados pidieron al Defensor del Pueblo El Tigre, Osmiler Castro, solicite la inmediata intervención del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, por los masivos e ilegales cierres ejecutados por Hacienda Pública Municipal.
Castro recibió al grupo de afectados la tarde de este lunes 18 de julio y seguirá recibiendo denuncias toda la semana en la sede ubicada en la avenida Francisco de Miranda al frente de la Chantilly.
El primer planteamiento formulado tiene que ver con el bloqueo del sistema de pago de impuestos municipales, que ejecuta la propia Dirección de Hacienda Pública Municipal. Esa dependencia liderada por la funcionaria Nivia González de Marín, consiguió con esta práctica ilegal la forma “ideal” para condicionar el pago de impuestos siempre y cuando los contribuyentes se inscriban y asuman las facturas del aseo urbano Fospuca, antes.
Varios asistentes argumentaron que es la propia Alcaldía de El Tigre la que los convierte a ellos en morosos, obligándolos a pagar un servicio privado cuyas tarifas siempre han sido cuestionadas y calificadas de “impagables” desde que empezó operaciones en febrero del 2022.
El segundo y tercer planteamiento derivado de lo que consideran una coacción de Hacienda, son los cierres y multas de 200 dólares en adelante. En cuanto a los cierres, los denunciantes señalaron que el Gobierno Municipal “irrespeta la ley por capricho”, al violar la vía administrativa, puesto que los cierres son inmediatos sin ninguna notificación ni mediación.
En varias exposiciones los presentes agregaron que dentro de la directriz agresiva emitida por Hacienda Pública también le importa poco la protección que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a los centros de salud, consultorios médicos y centros odontológicos, que también han sido víctimas de este “rosario” de atropellos.
Los comerciantes expresaron al Vistazo que agradecen la receptividad de la Defensoría del Pueblo dirigida por Castro, con los distintos casos expuestos.
La institución que está facultada para hacer las investigaciones correspondientes, se mantendrá puertas abiertas para documentar todas las denuncias de los peticionarios, en concordancia al artículo 51 de la Constitución, que expresa: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.
