Cándida Requena y su apoderado Judicial Especial Miguel Cabello, ofrecieron una rueda de prensa el martes 26 de junio para agradecer las gestiones hechas por varios funcionarios que contribuyeron a la administración de justicia en el caso del vil asesinato de su hijo Jean Carlos Salazar, su esposa Ingrid Higuera de Salazar y la pequeña Karla Sarai Salazar Higuera de 4 años de edad. El hecho es conocido desde entonces como la «Masacre de Guanipa».
«Aunque no quedamos muy contentos por la pena, lo importante es que quedaron desenmascarados», expresó Cándida en su casa, acompañada por una docena de familiares.
«Nosotros sabíamos que teníamos la razón, de otra manera nosotros no hubiéramos luchado, una lucha de todos. No fue la señora Cándida, yo fui el motor… si me pongo a decir, no voy a terminar. Muchísima gente me acompañó, mi familia, mis vecinos, mis abogados, Miguel Cabello, Amanda Castillo que nunca se desligaron, al Dr. Harrinson González a quien le debo un profundo agradecimiento porque estuvo allí y radicó el caso a Caracas, a Petra Orense (…) Le doy las gracias al tribunal en pleno de El Tigre, desde los alguaciles hasta el personal de mantenimiento, mi agradecimiento», agregó la abuela de la niña que este año cumpliría 14 primaveras.
El dantesco hecho perpetrado la madrugada del 11 de diciembre del año 2008 por miembros de la secta satánica denominada Clan N-0-1, generó un largo proceso de casi 10 años, el más largo que le ha tocado afrontar al abogado Miguel Cabello, que culminó el pasado 19 de junio con el veredicto de 24 años de cárcel para los dos implicados que esperaban por sentencia.
Publio Efraín García Canales, apodado “Morfo” y su expareja, Marisela Padrino Astudillo conocida con “Dragma”, fueron acusados de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, incendio de morada, agavillamiento y actos lascivos contra la menor de edad y contra Ingrid, de acuerdo al dictamen del Tribunal Tercero de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Joel Altuve Patiño.
Miguel Cabello
«Hay dos personas en la administración de justicia que están en la cúspide, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno quien es de acá de San José de Guanipa y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, hijo de El Tigre, a quienes agradecemos que desde sus altas posiciones hayan contribuido a este cierre (…) en un país donde todos conocemos las limitaciones de la administración de justicia, era necesario que este caso no quedara impune ni se lo tragara el tiempo«, expresó Cabello en nombre de la familia.
Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), también resalta entre los funcionarios mencionados.
«El comisario jefe Douglas Rico coordinó la comisión nacional de varios expertos que vinieron acá a recabar las pruebas, muestras de sangre, objetos, el registro fotográfico, hicieron el levantamiento planimétrico, la cadena de custodia y entrega en laboratorios respectivos (…) hoy, como en anteriores oportunidades del juicio, dan esa enorme armonía de unas pruebas con otras que junto con la declaración-confesión de Pedro Solórzano, permite concretar la culpabilidad de estas personas en el crimen más atroz que se haya cometido en el Oriente venezolano».
El inspector Frank Sánchez, funcionario actuante en el levantamiento de evidencias, figura también entre los nombres que no pueden faltar en estas declaraciones. Además de reconocer la entereza del juez Altuve Patiño, el abogado de las víctimas indirectas hizo mención especial del Dr. Harrinson González, fiscal que instruyó la investigación y permaneció más de 8 años en el caso. La fiscal Elaine Rodríguez, quien representó a las víctimas indirectas en nombre del Ministerio Público y a la Dra. Amanda Castillo.
El 13 de marzo del 2018 fueron sentenciados a 18 años de prisión Adán González Ortega, alias “Nitro”, Luis Ángel Aguilarte Marín, «Zombi» y José Manuel Del Moral Ortega, “La muerte”, luego de haber confesado ante el mismo tribunal metropolitano, su participación en el crimen contra la familia Salazar Higuera. Se les imputaron los delitos de homicidio por motivos fútiles e innobles, actos lascivos e incendio de morada.
Pedro Solórzano, fue el detonante de las detenciones. Él fue capturado el noviembre del 2009 y decidió confesar el crimen así como la descripción de sus compinches, aporte que le costó una sentencia en el año 2010 de ocho años de cárcel.
Entre 15 y 20 personas fueron a las ruedas de reconocimiento y no menos de siete jueces conocieron del caso a lo largo de 9 años, 6 meses y 8 días, para determinar los responsables de la denominada «Masacre de Guanipa».
