El Gobierno venezolano rechazó enérgicamente un informe de expertos internacionales independientes convocados por la Secretaría General de la OEA, documento que concluye hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer crímenes de lesa humanidad.
«No es más que una grotesca farsa mediática», dijo en un comunicado la misión venezolana que además cuestionó las atribuciones del secretario general, Luis Almagro, para realizarlo.
El Ejecutivo venezolano ya había denunciado en noviembre el «uso y abuso» de la plataforma de la OEA para «desestabilizar y derrocar» al gobierno de Nicolás Maduro. Los diplomáticos venezolanos aseguraron que se trata de una «iniciativa personal» de Almagro que buscar generar «caos y violencia interna en Venezuela».
El informe presentado este martes en la sede de la OEA en Washington, identifica:
131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos. Identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015. Identifica más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno. Identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
El panel de expertos lo integró Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
