Nilsa Varela Vargas
Hace casi dos semanas, los vendedores de pescado, carne, queso y productos del campo, fueron desalojados de la avenida Winston Churchill por Convivencia Ciudadana. Desde el sábado 6 de agosto quedaron sin sus puestos de trabajo y con alimentos varados en peligro de perderse.
En 20 minutos los 18 trabajadores que durante años han trabajado en los alrededores del campo Revenga para ofrecer sus productos, se vieron obligados a recoger sus cosas. Cuenta Thaís de Jaramillo, vendedora de pescado, que el director de Convivencia Ciudadana, Julián Fuentes, los citó para el lunes siguiente a una reunión para hablar de su reubicación.
7 mil kilos de pescado congelado
«Nos reunimos el lunes, dimos nuestro nombre, número de teléfono y quedó en reunirse con el alcalde. Fuimos el miércoles y el jueves y nunca nos atendió para darnos solución o decirnos qué iban a hacer con nosotros», expresó Thaís quien dice tener 25 años en esta labor.
La comerciante, que además dice estar al día con los impuestos municipales ante el Samat, asegura que el lunes y martes de esta semana tampoco lograron conseguir al funcionario y por eso decidieron este jueves llamar a la prensa para denunciar la situación.
«Le dije a Julián que tengo 7 mil kilos de pescado, qué voy a hacer con eso, dejo que se me pudra?». Más adelante señaló que les recomendaron ubicarse en el mercado. «Cómo me voy a meter en el mercado, yo que tengo precios solidarios, será para que me linchen».
Otros comerciantes afectados
Mariela Vargas, vendedora de carne, le pide al alcalde que les permitan 4 días, de jueves a domingo, para vender sus productos.
«Queremos seguir vendiendo porque nosotros bajamos los costos a las personas que tienen necesidades. Abaratando la comida le damos solución a nuestros hermanos que tienen necesidades, porque todos tenemos necesidades. Y nosotros todos somos de aquí, lo único que pedimos es trabajar, no estamos entorpeciendo la vía, como quieren decir».
Carolina Vargas, señala que es imposible ir hasta el mercado porque los precios que manejan ellos están 700 y 600 bolívares por debajo de lo que ofrecen allá. «Nuestros productos son legales, tenemos nuestras facturas del matadero, tenemos pesos legales y permisología de sanidad».
Agregó que las autoridades fueron a censarlos varias veces pero nunca les notificaron que serían desalojados del lugar. No le pido al alcalde, estamos aquí por el derecho al trabajar, nosotros no podemos parar en cada esquina porque se trata de comida y los policías en cada esquina está correteándonos».
