A lo largo del sábado 20 de julio se viralizó el video de un sujeto que ofrece un testimonio mientras está de espaldas. En su relato, afirma que él fue el responsable de vandalizar dos vehículos utilizados por María Corina Machado, siguiendo -presuntamente- órdenes de la jefa de campaña de la líder opositora, Magalli Meda, actualmente asilada en la embajada de Argentina.
El hombre, que se identifica como uno de los asistentes de Meda, expresa en su testimonio que decidió acudir a las autoridades porque dejó de recibir feedback de Meda y «teme por su vida» una vez que María Corina Machado denunció «un atentado en su contra» por los daños ocasionados a dos camionetas Toyota Fortuner. La manguera de frenos de uno de los vehículos fue cortada, el tanque del motor de otra fue vaciado, además de los mensajes negativos plasmados con pintura de aceite en ambas carrocerías.
Aproximadamente a las 8:00 de la noche, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que tras la detención de ese presunto miembro de Vente Venezuela, fue designada la fiscalía 19 Nacional para investigar el hecho, ya catalogado por Saab como un falso positivo considerado como delito de simulación de hecho punible.
«El sujeto que había sido contratado por esa dirigente política, se encuentra declarando en Lara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la cantidad de dinero que le pagaron para fraguar ese hecho que constituye un delito de Simulación de Hecho Punible, Difusión de Mensajes que causan Zozobra y Pánico a la Población y Legitimación de Capitales», escribió Saab en su cuenta en la red social X.
12 horas después del anuncio del fiscal, solo se ha pronunciado Perkins Rocha, abogado del partido azul: «Un país sin contención en el que se utilizan medios del Estado para injuriar sin pruebas; un sistema autocrático que se apoya en la mentira y el terror para sembrar matrices de opinión falsas a quienes se le niega el derecho a la defensa y se les persigue como enemigos públicos», escribió pocos minutos después de conocer la posición de quien dirige el Ministerio Público.
