El Tribunal General de la Unión Europea declaró como inadmisible un recurso del gobierno venezolano contra las sanciones que impuso el bloque comunitario al país en 2017, que incluían un embargo de armas y un veto al material que pueda utilizarse para dispersar manifestaciones.
La sentencia emitida por la corte con sede en Luxemburgo, y que se puede apelar, condena al gobierno de Venezuela a pagar los costos del proceso judicial, después de que Caracas presentara el recurso en febrero del 2018.
Los ministros de los 28 países que conforman la Unión Europea acordaron en noviembre de 2017 imponer sanciones a funcionarios gubernamentales ante la crisis que atraviesa el país y ordenaron el congelamiento de activos en suelo europeo, así como la prohibición de entrar en territorio comunitario a dieciocho funcionarios, por considerar que han incumplido los principios democráticos y el Estado de Derecho y que son responsables de «graves violaciones de los derechos humanos».
