El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció sobre el amparo constitucional que empresas de Ciudad Guayana introdujeron en febrero para solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Caroní del estado Bolívar, el desbloqueo del portal fiscal y que deje de utilizar el pago del servicio del aseo urbano como un requisito para declarar y pagar los impuestos municipales, reseñó el 25 de julio Correo del Caroní.
La periodista Laura Clisánchez afirma que esta información fue suministrada por los abogados que llevan la causa, José Meignen Requena y Félix Istúriz.
«El TSJ no ha designado a ningún otro tribunal para asumir la causa, sino que se dirigió directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria para que esta responda a las acusaciones señaladas», destaca la noticia de Sánchez.
El TSJ calificó la medida de la Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Caroní como ilegal y ordenó a esa instancia municipal que informe si la denuncia de las empresas es cierta y que remita información documentada al respecto.
«Este mecanismo de presión no tiene fundamento en previsión legal alguna, y de ser cierto, deberá remitir información con el acompañamiento de la documentación respectiva”, señala el escrito de la magistrada ponente, Tania D’Amelio, titulado «Amparo en Apelación», número de expediente 23 – 0204.
El TSJ admitió el recurso el amparo constitucional el pasado 24 de febrero y aunque tenía un lapso de 30 días hábiles para responder, se pronunció cinco meses después.
En marzo de este año David González, entonces primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar y actual presidente del gremio, explicó que hasta febrero del 2023, al menos 600 empresas hicieron la solicitud de cierre formal por la incapacidad para asumir las tarifas del aseo urbano.
Fospuca Caroní demandó con solicitudes de embargo a nueve comercios del municipio Caroní por falta de pagos, aún cuando se trata de una contratación pública hecha por la Alcaldía y no una contratación privada entre sociedades mercantiles.
El 8 de mayo dos empresas de Ciudad Guayana introdujeron ante la Fiscalía del Ministerio Público la solicitud de apertura de investigación penal contra autoridades municipales por incurrir en los delitos de cobros indebidos e ilegales, cobranza de impuestos y tasas por medios no autorizados, extorsión contra usuarios comerciales y residenciales del municipio Caroní. En El Tigre, municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, una denuncia penal muy similar, fue introducida antes por el abogado Miguel Cabello.
