El Tribunal Supremo de Brasil juzgará a civiles y militares que estuvieron involucrados en los actos golpistas del pasado 8 de enero, una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. Así lo determinó el magistrado Alexandre de Moares, el lunes 27 de febrero, reseña DW.
En su decisión, De Moraes destacó la «competencia» del Supremo Tribunal Federal (STF) para el caso «sin distinguir civiles y militares». También autorizó a la Policía Federal para «instaurar» una investigación por «eventuales delitos» cometidos por militares.
La Policía Federal había pedido a la Corte Suprema autorización para investigar la «supuesta participación» de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Policías Militarizadas en el delito de «abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado».
Los hechos violentos del 8 de enero ocurrieron en la sede de tres poderes: Congreso Nacional, Palacio de Planalto y Tribunal Supremo.
Ese día, al menos diez periodistas de medios nacionales e internacionales fueron agredidos, amenazados y robados cuando miles de bolsonaristas invadieron los edificios gubernamentales de la capital brasileña, ocasionando cuantiosos daños.
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