Seis sindicalistas detenidos a mediados del año 2022 fueron condenados a 16 años de prisión por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Caracas. La condena dada a conocer el 1° de agosto ocurre por conspiración y asociación para delinquir, denunciaron varias organizaciones de derechos humanos que rechazaron la acción judicial, reseñó AP.
Las ONG afirmaron que las sentencias contra los dirigentes sindicales son una amenaza para quienes protestan.
Los activistas resaltaron que las detenciones ocurrieron después de participar en protestas de maestros del sector público, demandando mejoras salariales.
«Rechazamos la brutal condena de 16 años contra los trabajadores Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes. El sistema de justicia de Venezuela está viciado» señaló en un comunicado el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea).
La organización social además catalogó de arbitrarias las sentencias, ya que el proceso se basó en la presentación de “presuntas capturas de WhatsApp”.
«El único testigo de la denuncia nunca se presentó” en más de un año que se prolongó el proceso judicial, añadió el escrito de Provea. Esos “luchadores sociales se mantenían en las calles con la exigencia de salarios dignos”, recalca el comunicado.
La ONG Acceso a la Justicia, en su cuenta de Twitter, indicó que los condenados son “luchadores sociales” y que el veredicto es una muestra del “recrudecimiento de la persecución política en Venezuela”.
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, un docente y artista plástico miembro de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), declaró en un vídeo difundido por el partido Bandera Roja, que los trabajadores sentenciados “han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida”.
El salario mensual que tiene la mayoría de los trabajadores públicos es el más bajo de la región, unos 50 dólares como promedio desde marzo del 2022.
En el 2021 el salario promedio era equivalente a 1,52 dólares al mes. Esa medida dejó en el olvido el cálculo de cualquier pago de un beneficio laboral en función del último sueldo devengado.
El gobierno anunció en agosto del año pasado su decisión de dejar de lado el polémico instructivo de la Onapre luego de las protestas.
