Mariela Guzmán, quien fue Síndico Procurador Municipal durante la gestión del oficialista Jesús Figuera y sigue desempeñando el cargo con la administración de Ernesto Raydán, es actualmente señalada de presuntamente promover la invasión en el municipio Simón Rodríguez.
El abogado defensor Carlos Paul, acusa a Guzmán de retrasar el proceso que busca devolverle la vivienda que por más de 30 años ocupó su defendido Jesús Tovar, y de la cual fue despojado de forma sorpresiva en diciembre del 2017 aprovechando que se encontraba en una comunidad rural haciendo trabajos como chancero.
“La síndico está promoviendo la invasión en el municipio Simón Rodríguez. Nosotros iniciamos un procedimiento administrativo y se acordó en Cámara Municipal, en presencia de las partes de esta situación irregular, girar instrucciones al Ministerio Público y Policía Municipal para abrir una investigación que determine responsabilidades del caso y hasta la fecha no se ha pronunciado la Síndico, no ha girado los oficios”.
El abogado se refiere a las reuniones hechas en Cámara el 7 y 8 de febrero, donde se escucharon testimonios de los vecinos del señor Tovar.
Afirma Paul que en las deliberaciones que contaron con la presencia del presidente del ente edilicio, concejal José Flores, se acordó que hubo fraude en la adjudicación. “La síndico está incurriendo en delito al retrasar el proceso, como señala el artículo 471 del Código Penal, numeral A”, especificó el defensor. (Lea el artículo al final).
La última vez que Jesús Tovar estuvo en su casa ubicada en la calle Arismendi del sector San José, fue el domingo 10 de diciembre del 2017. Una semana después llegaba de trabajar como chancero en la comunidad de Melones y no pudo entrar. Sus pertenencias también desaparecieron.
“Los invasores se metieron el viernes 15, cuando llegué el 16 ya estaban allí” relata Tovar. En ese momento, quien desde entonces ocupa el inmueble, Liliana Carolina López Acosta, le mostró un documento con el membrete de la Sindicatura Municipal, firmado por el antiguo alcalde Jesús Figuera y de fecha 07/12/17, en el que queda constancia que “no es propietaria de ninguna otra parcela o terreno del municipio Simón Rodríguez” y “se compromete a acatar los términos y condiciones expresados en este documento en el que es adjudicada la parcela de terreno en cuestión”, sin especificar ubicación ni características de dimensión.
+Datos: Tovar explica que la mamá de Liliana (Laviña Acosta) es su vecina y desde hace 15 años estaba “detrás de él” intentando comprarle la casa. Tovar y su abogado afirman que en este caso, además del interés de vivir juntas, hay tráfico de influencias por una relación laboral entre Figuera, Acosta y Guzmán, que habría surgido en la estatal petrolera, Pdvsa.
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Artículo 471-A. Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del Juez hasta en una sexta parte.
La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.
Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.
Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima.
