Este miércoles 2 de junio, un total de 33 organizaciones del sector salud difundieron una carta pública dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que denuncian la vulneración de los derechos a la salud, a la vida y a la no discriminación y el derecho a la equidad en los accesos a los servicios, en el marco de la jornada de vacunación contra la covid-19, iniciada el pasado mes de febrero.
Las organizaciones que suscriben este comunicado alertan sobre la existencia de métodos de control y discriminación de la población, al momento de formar parte de los sectores priorizados para recibir la dosis de la vacuna contra la enfermedad generada por el virus del SARS-CoV-2.
Describieron eventos que consideran han puesto en evidencia esta situación, como lo ocurrido el 12 de mayo en las inmediaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, ubicada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en donde a personas de la tercera edad y representantes del sector salud se les negó el derecho a vacunarse a pesar de pertenecer al grupo señalado como prioritario en la primera fase de vacunación, por no estar registrados en el sistema patria.
Incluso, denunciaron que luego de este día en la parte interna del lugar de vacunación se pegó un cartel que indicaba que para ser vacunado las personas debían presentar su inscripción en este sistema, para dar cumplimiento a ello fueron destacados en el lugar un grupo de funcionarios policiales.
Pero esta no sería la primera vez en la que los ciudadanos son víctimas de discriminación a través de este sistema, El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la Republica en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró:
“Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna”.
Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la opinión pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada.
Los trabajadores de la salud piden a Bachelet intervenir para que se les garantice su derecho a ser vacunado, y que ese derecho se garantice dando cumplimiento al orden de prioridades establecido por la Organización Mundial de la Salud, que fija como primeros en la lista de inmunización contra el covid-19 al personal sanitario y a las personas mayores.
Recordaron que Venezuela ocupa el primer lugar con el índice de letalidad por covid-19 más elevado de la región, esto según la última actualización epidemiológica de enfermedad por covid-19 presentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
A este contexto se le agrega como agravante la opacidad sobre la existencia o no de un plan de vacunación nacional, y es que hasta ahora estas organizaciones dicen desconocer cómo se está llevando a cabo el proceso.
En medio de este panorama las 33 organizaciones firmantes solicitan a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, su “indispensable intervención y buenos oficios para que, además de expresar su preocupación por lo expuesto en estas líneas, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano para que este adopte medidas efectivas y oportunas”.
