Especial de El Impulso. El activista fue muy claro al alertar sobre las posibles consecuencias de una campaña como esa. Instó a los ciudadanos a no justificar las sanciones, por muy frustrados que estén con la situación de tener que pagar más por los alimentos básicos que son revendidos por los «bachaqueros». «Si avalamos eso estamos avalando que el día de mañana cualquier alcalde quiera imponer una sanción a quienes contra su juicio estén ejerciendo una protesta que consideren ilegal. Esto es un precedente muy grave y creo que es absolutamente inaceptable», advirtió.
El coordinador general de Provea, Rafaél Uzcátegui, califica como una violación al debido proceso y otros derechos civiles el hecho de que un alcalde imponga castigos a los «bachaqueros», entre los que destacan barrer las calles y someter al escarnio público a ciudadanos señalados por revender alimentos en el mercado informal, colocándoles bragas anaranjadas para cumplir servicio comunitario.
«Es un acto que viola el debido proceso y el derecho a la justicia, porque ningún alcalde en Venezuela esta facultado para imponer sanciones por la comisión de delitos. Eso es competencia exclusiva de los jueces y tribunales del país», manifestó al ser consultado por El Impulso.
De esta manera el defensor de derechos humanos rechazó lo que viene ocurriendo en Puerto Cabello, estado Carabobo, cuyo alcalde, Rafaél Lacava, ha respondido a los llamados «bachaqueros» obligándolos a vestir una braga anaranjada mientras realizan servicio comunitario, según confesó el propio funcionario en declaraciones ofrecidas el pasado 27 de julio al canal del Estado. A los «infractores» se les amenaza con pasarlos a la orden del Ministerio Público si no obedecen.
Uzcátegui recordó que esto no es nuevo en Venezuela, pues desde la dictadura de Gómez se hacía. Pero ya había sido cuestionado y desterrado como práctica. Afirmó que se trata de un acto regresivo e ilegal que sienta un mal precedente, pues el Ejecutivo no tiene facultad alguna para imponer sanciones penales a nadie.
Por otro lado, el activista fue muy claro al alertar sobre las posibles consecuencias de una campaña como esa. Instó a los ciudadanos a no justificar las sanciones, por muy frustrados que esten con la situación de tener que pagar más por los alimentos básicos que son revendidos por los «bachaqueros».
«Si avalamos eso estamos avalando que el día de mañana cualquier alcalde quiera imponer una sanción a quienes contra su juicio estén ejerciendo una protesta que consideren ilegal. Esto es un precedente muy grave y creo que es absolutamente inaceptable», advirtió.
«Ya el propio defensor del pueblo ha reaccionado a la denuncia que generó Provea dándonos la razón, porque esta es una situación absolutamente ilegal, inconstitucional y violatoria de DDHH. Estamos asistiendo a otro episodio de debilitamiento de las instituciones democráticas», sentenció.
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