De acuerdo a la organización World Justice Project (WJP), Venezuela volvió a quedar, por octavo año consecutivo, en el último lugar de los 140 países evaluados en 2022, reseñó Runrunes.
En la última edición del Índice de Estado de Derecho, el país obtuvo una calificación de 0,26 puntos, una centésima menos que la que consiguió el año anterior (2021) cuando consiguió 0,27.
Para elaborar el índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al gobierno.
También evalúan la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente.
Para la World Justice Project, el Estado de derecho es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de la población, parámetros que según el organismo internacional, el país no los cumple.
