Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro, Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, fueron retenidos a su llegada a Lima, Perú y deportados a Venezuela.
Las autoridades de Perú alegaron que la medida se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.
La deportación es producto de del compromiso mantenido tras la participación de Perú en el respaldo para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia (TIAR) para Venezuela. Los magistrados chavistas tenían planeado participar en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Ambos magistrados se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos. A 12 de los magistrados sólo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 quedaron sin visa y sus cuentas en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas.
