Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó este viernes irregularidades en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa fue creada en Austria en el año 2006, con el objetivo de fiscalizar el comercio exterior de hidrocarburos, con fines de recaudación de regalías e impuestos.
En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para revelar la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), el fiscal detalló que la mencionada oficina suscribió en 2009 un contrato de servicios con la empresa JBC Energy, que se encargaría de la evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional. Las investigaciones han comprobado que las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrados por JBC Energy fueron modificadas.
“Esas alteraciones fueron hechas intencionalmente para favorecer a particulares y empresas que realizaban transacciones de compra-venta de crudo con Pdvsa”, dijo Saab. Los responsables de esta estafas serían los directivos de esta Oficina, Bernard Mommer De Grave, gerente general; Irama Zulene Quiroz De Mommer, gerente de oficina, y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora legal.
Bernard Mommer De Grave fue gobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) en 2008, y también se desempeñó como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio la Energía y Petróleo, todo durante la gestión del exiministro de Energía y Petroleo, hoy investigado, Rafael Ramírez, cercano al presidente fallecido Hugo Chávez.
Agregó William Saab que desde estas irregularidades tuvieron la complicidad de Nelida Iris Izarra Espinoza, quien fue designada como directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación.
El Fiscal destacó que estas modificaciones de los precios produjeron que Pdvsa perdiera ingresos y las empresas extranjeras obtuviesen beneficios, por lo que se presume que los directivos cobraban comisiones por las rebajas. Se estima que el daño de esas alteraciones entre los años 2009 y 2015 se calcula en al menos 4.800 millones de dólares.
Hasta ahora por este caso se realizó la aprehensión de Nélida Izarra Espinoza, que será imputada por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación. Los otros responsables, ya tienen orden de detención, según informó Saab.
