Los apartamentos del complejo habitacional conocido con el nombre Oro Negro, ubicados en la avenida Intercomunal Tigre – Tigrito frente al hipermercado Famoso, tenían más de 10 años en estado de abandono.
En octubre del 2020 un grupo de 30 familias sin vivienda propia decidió ocupar el inmueble que estaba lleno de maleza y en obra gris. Desde diciembre del 2021, al mes siguiente de las elecciones municipales y regionales hechas en todo el país, los habitantes han recibido cuatro advertencias de su posible detención si no desalojan.
El complejo de 60 apartamentos de 50 y 80 metros cuadrados se llama originalmente Desarrollo Oro Negro Suites and Residence.
De acuerdo a los documentos revisados la construcción comenzó en 2010 a cargo de Prodesuca, Proyectos y Desarrollos Urbanísticos C.A. Según el testimonio de algunas personas que tenían opción a compra y abonaron a la Promotora Inmobiliaria Oro Negro C.A., la obra se paralizó en 2011.
«No somos invasores de oficio, somos familias que necesitamos un hogar para nuestros hijos. Estamos dispuestos a pagar por estas instalaciones», expresa Keila Brito, una de las ocupantes.
«Nosotros ingresamos porque esto tenía más de 10 años de abandono. Cuando entramos encontramos papeles de todas las personas que fueron estafadas», agrega.
«Hicimos las diligencias pertinentes para ver si aparecía el dueño aquel 4 de octubre de 2020 y nadie se apareció por aquí hasta ahora en diciembre que llegaron a decirnos que el dueño apareció y que nosotros tenemos que desalojar».
Brito se refiere a una primera visita de la GNB, cuyos funcionarios les dijeron que debían desalojar. También les informaron – de boca- que debían acudir a la Fiscalía 7º del Ministerio Público en el Centro Comercial Rahme y preguntar por el caso.
“Tenemos que desalojar porque según los propietarios pagaron la deuda. Acudimos a fiscalía y no nos dan razón”, expresó la señora Lucrecia Graterol, quien vive en el sitio con sus tres nietos. Gladys García, otra de las ocupantes de Oro Negro detalló parte de la conversación sostenida con el fiscal 7º Jairo Gil:
«El fiscal nos dijo que como éramos invasores y ya la deuda estaba paga teníamos que desalojar. En sí, él no nos enseñó ningún documento».
Al preguntarles a cuál deuda se refieren en fiscalía los ocupantes indicaron que es una hipoteca de Oro Negro con el Banco de Venezuela. Ellos investigaron y consiguieron la sentencia de ejecución de la hipoteca con fecha 2017.
El 20 de enero llegó a Oro Negro otra comisión. En esa ocasión eran funcionarios del Cicpc El Tigre con dos citaciones dirigidas a Keila Brito y Valentino León. Este último forma parte del grupo que quedó en el aire cuando la obra se paralizó hace una década. Brito y León decidieron presentarse en Rahme y volvieron a ser advertidos por el fiscal que por su condición de invasores debían desalojar para evitar ser detenidos.
“A nosotros nos citan a fiscalía y nos dicen que el dueño vendió la hipoteca a una constructora. Queremos que nos de la cara y nos dé una opción a compra”, dijo Brito.
El equipo de Investigación del Vistazo tuvo acceso a la demanda por ejecución de hipoteca, cobro de intereses, mora y costas procesales, siendo la parte demandante: Sociedad Mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, instituto bancario propiedad del estado; y como parte demandada: Sociedad Mercantil Proyectos y Desarrollos Urbanísticos, C.A. (Prodesuca), como deudor hipotecario.
Luego del análisis del caso y revisadas las actuaciones procesales el referido tribunal decidió improcedentes las defensas de nulidad de la hipoteca, que planteaban: inexistencia de la hipoteca, inadmisibilidad de la ejecución de hipoteca por inepta acumulación alegada por la parte demandada (Prodesuca).
El tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda de ejecución de hipoteca intentada por el Banco de Venezuela contra Prodesuca, condenando a la parte demandada cancelar las cantidades exigidas en la demanda acordando la indexación monetaria. Es parcial ya que no hubo condenatoria en costas procesales. Se ordenó la notificación de las partes del fallo dictado el 23 del mes de febrero del año 2017.
Al momento de publicar este material se desconoce si se ejecutaron recursos judiciales posteriores.
Las familias que están ocupando el inmueble que estaba en estado de abandono, aspiran se les de la oportunidad para “pagarlo poco a poco y poder quedarnos aquí». Entre los ocupantes hay mecánicos, electricistas, profesores, manicuristas, cerrajeros. Hay más de 40 niños y unos 70 adultos.
