Varias organizaciones no gubernamentales, ONG, publicaron una carta abierta al gobierno estadounidense para evitar sanciones contra la importación de diésel. Foto: Diario La Calle.
La misiva dirigida al secretario de estado de Estados Unidos Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, plantea la “preocupación” por nuevas sanciones que obstaculicen la importación de combustible, puesto que aseguran que esta medida tendrá un afecto negativo directamente sobre los ciudadanos venezolanos por ser el diésel el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios
“Vemos con preocupación que esta nueva medida restringiría el intercambio de diésel por petróleo con empresas de Europa y Asia, las cuales actualmente representan casi el 80 por ciento del total de envíos del crudo que sale de Venezuela”, puntualiza el texto firmado por 32 organizaciones entre las que se encuentra Provea, Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Caracas Ciudad Plural, Catia Posible, la Asociación Venezolana de Servicios de Salud Cristianos (Avessoc), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro Gumilla, Convive, entre muchas otras.
Las organizaciones no gubernamentales hacen referencia a algunos informes de prensa que indican que el gobierno de los EEUU está planeando a partir de octubre de 2020, eliminar algunas exenciones a las sanciones que permiten la importación de combustibles a Venezuela.
La carta detalla que el combustible diésel se usa en generadores de electricidad de emergencia empleados por casi todas las clínicas privadas y algunos hospitales públicos, incluidos los generadores enviados en algunos de los primeros embarques de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y recalcan que «con menos diésel, estos centros de salud podrían ver paralizadas sus actividades, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19». En 2018, 85% del consumo de diésel en vehículos privados se usó para el transporte de carga y 15% para el transporte de pasajeros, apuntó la nota. «Más de 70% de la población venezolana depende del transporte público para comprar comida y alimentos», agrega.
Asimismo, en la carta se plantea que el gobierno estadounidense tome en cuenta las recomendaciones de Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “apoyar mecanismos que mejoren las condiciones de vida de la población”. Con información de Tal Cual.
