La ONG argentina se presentó ante la Asamblea del Parlasur para exigir al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que acate la constitución y active el pedido por el referendo revocatorio a Nicolás Maduro.
INFOBAE
Transparencia Electoral es una organización con sede en Buenos Aires, Argentina, comprometida con la promoción de los valores democráticos en latinoamérica que fomenta la transparencia y equidad en las elecciones de los países de la región.
La ONG, se presentó en la sede de Parlasur para acompañar a un grupo de diputados venezolanos en su reclamo por la implementación de un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
El director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, se reunió con los parlamentarios para presentar un documento en conjunto que pide al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) el respeto a la constitución de ese país y el acatamiento de los reclamos de la ciudadanía frente a la grave situación del país bolivariano.
«La democracia no es una opción. Es la única opción. La democracia es el sistema que hemos adoptado los países que integran la región» afirma el comunicado oficial de Transparencia Electoral.
La organización no gubernamental condenó el retraso del CNE de Venezuela para la activación del referendo que impulsó la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad (MUD) y pidió que la elección ciudadana ocurra antes de que termine el año 2016.
«Desde Transparencia Electoral exigimos que se respete la Constitución, las normas vigentes y los principios de imparcialidad y celeridad que le son inherentes al órgano electoral» afirma el comunicado y sostiene que «Venezuela atraviesa una crisis económica, política y social sin precedentes y amplios sectores del país consideran que la mejor manera de resolver estos problemas es a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, tales como la convocatoria de un Referendo Revocatorio Presidencial».
En el comunicado, Transparencia Electoral explica que el referendo revocatorio es un medio de participación política que está contemplado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da el poder a los electores de solicitar la revocatoria de su mandato a aquellos funcionarios de elección popular que no hayan cumplido su deber con los ciudadanos.
A su vez, especificaron ante el Parlasur que dicho artículo establece entre sus requisitos que el cargo a revocar debe ser de elección popular, debe haber transcurrido la mitad del período y ser solicitado por un número no menor al 20% de los electores inscriptos en el registro electoral.
Según el artículo 72 de la Constitución de Venezuela, «al acto del referendo deben concurrir un número de electores igual o superior al 25%» para ser válido y para dar por revocado el mandato «el voto total de los electores debe ser igual o mayor al número de votos que obtuvo cuando fue elegido».
En el comunicado presentado ante la asamblea regional, se detalla que el CNE se excedió en sus facultades para obstaculizar el proceso solicitado por el MUD con el pedido de entregar 1% de firmas del total del padrón electoral para comenzar con la activación del referendo.
El total de firmas que se necesitaban para comenzar el trámite eran de 197.978 electores sin embargo la oposición entregó nueve veces más de lo requerido: 1.850.000 firmas. Aún así, el CNE continuó haciendo interpretaciones «erróneas» a la ley en el plazo de entrega y creó requisitos nuevos en un acto que, según lo denunciado por Transparencia Electoral, no es más que para evitar que se active el proceso o retrasar su inicio.
La ONG denuncia que «la Mesa de la Unidad tuvo que introducir hasta en tres ocasiones la petición de los formatos para cumplir con el requisito de la recolección de firmas» y especifican que «el pedido que empezó en marzo terminó siendo respondido el pasado 26 de abril».
