La noche del jueves 30 de noviembre el Reino de Noruega informó que recibió del gobierno venezolano un procedimiento acordado con la Plataforma Unitaria, para evaluar el levantamiento de las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiren a la Presidencia en 2024.
El documento, hecho público por Noruega en sus redes sociales, señala que cualquier persona con una medida impuesta por la Contraloría General deberá acudir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ejercer un recurso contencioso contra su inhabilitación, reseñó TalCual.
El procedimiento debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, «en el lapso establecido desde el 1° de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos».
Según este acuerdo, la Sala Político Administrativa del TSJ debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda y el amparo con «celeridad y eficiencia».
Además se exhorta a los aspirantes a candidaturas presidenciales a evitar, tanto en la demanda como en declaraciones públicas, «incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».
En el procedimiento cada uno de los interesados asume el compromiso de: Respetar la Constitución y las leyes; cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución.
También debe acatar la decisión del máximo tribunal que emane de este recurso y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, o acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
