WASHINGTON D.C. — Mientras el gobierno interino de Venezuela busca hacerse con el poder político, en Estados Unidos se está librando una batalla por el futuro de la principal exportación del país: el petróleo.
CITGO, una refinería de petróleo con sede en Houston, está ahora siendo controlada de hecho por personas nombradas por la Asamblea Nacional, leal a Juan Guaidó, el presidente interino. La nueva junta directiva se enfrenta ahora a una deuda enorme, heredada de 20 años de chavismo, que lleva a la compañía a estar en riesgo de quedarse en manos de acreedores. Y son muchos los que están detrás.
Uno de los riesgos más llamativos es Rosneft, la empresa petrolera propiedad del gobierno ruso. El gobierno de Nicolás Maduro tiene una deuda de 1.500 millones de dólares con la compañía petrolera de préstamos de corto plazo que adquirió para financiar a Petróleo de Venezuela (PDVSA).
Como garantía, en 2016, PDVSA puso el 49,9% de las acciones de su subsidiaria en Estados Unidos, CITGO. “Si no se le paga [a los rusos] pueden ejercer sus derechos” sobre la compañía, dijo a la Voz de América Russ Dallen, socio de la firma de inversiones Caracas Capital.
El asunto llamó incluso la atención de los legisladores estadounidenses. En una audiencia ante el Senado cuando el tema salió a la luz en 2017, el secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que los intereses de Rusia sobre CITGO iban a ser examinados por parte del Comité de Inversión Extranjera de EE.UU. (CIFUS). Esta entidad tiene la potestad para bloquear las acciones de Rosneft si intenta tomar posesión de las acciones de la petrolera alegando que se trata de un tema de seguridad nacional.
Este escenario aún no se ve en el horizonte, mientras Moscú y Caracas tensan sus relaciones comerciales. El 18 de marzo, el ministro de Petróleo del gobierno en disputa de Venezuela, Manuel Quevedo, dijo que el país podría desviar el crudo inicialmente destinado a EE.UU.
Lo que sí se acerca es la deuda del bono PDVSA 2020, que tiene como garantía el otro 50% de las acciones de CITGO y por la cual deben presentar un pago de 70 millones de dólares a los inversores para el 27 de abril de este año, explicó Dallen.
“Es la única deuda que estaban pagando”, dijo el economista, “PDVSA no va a pagarla si ya no está en control de CITGO, esa era la única razón” por la que estaban cumpliendo con los plazos. Si no cumplen, que es lo más probable según expertos, se forzará a la empresa a poner en venta la mitad de las acciones que había puesto como garantía por los múltiples acreedores del bono.
La lista no termina ahí. Venezuela también debe $1.400 millones a Crystallex, una empresa minera canadiense que operaba en el país, y a la petrolera estadounidense Conoco Phillips, $87.500 millones de dólares. Ambas empresas fueron a los tribunales, la primera en una corte estadounidense y la segunda en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI), para buscar que se les permita apoderarse de acciones de CITGO ante el impago de las deudas. Ambos litigios, sin embargo, siguen sin resolverse.
El gobierno interino de Guaidó ya está tomando cartas en el asunto. El primero de marzo, radicaron documentos ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia para pedir que se suspenda el procedimiento de Crystallex hasta el primero de julio, según documentos a los que tuvo acceso la Voz de América.
Una suspensión de 120 días es «necesaria para dar al recién instalado gobierno de Juan Guaidó (…) suficiente tiempo para evaluar su posición en este y otros casos pendientes en cortes en EE.UU. que involucren a la república [de Venezuela]», dijo el gobierno interino en el documento.
El gobierno de Guaidó también argumentó que la demanda por parte de Crystallex podría «interferir» con los objetivos de política exterior del presidente Donald Trump.
A su vez, Guaidó está planeando apelar a la decisión del tribunal del CIADI. El recién nombrado procurador general, José Ignacio Hernández, dijo a Bloomberg que la decisión del laudo arbitral tenía “varios errores de cálculo”.
Este artículo es parte de una serie de la Voz de América que explora la disputa por CITGO y lo que significa para el futuro de Venezuela.
