El 11 de agosto el Ministerio Público (MP) cuestionó la postura de dos relatores de Naciones Unidas sobre un supuesto «abuso crónico» de leyes antiterroristas por parte de las autoridades venezolanas para condenar a sindicalistas, una denuncia que según el organismo fue hecha «sin ninguna base».
El MP expresa «su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes han manifestado preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello», dijo la institución a través de un comunicado difundido por el fiscal general de la república, Tarek William Saab, refleja Globovisión.
Los relatores de la ONU pusieron como ejemplo la sentencia de 16 años de prisión contra 6 hombres, quienes según Saab no son sindicalistas sino «conspiradores».
En el comunicado, el organismo rechazó «que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales».
Según el MP, los seis sujetos «pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)», que había «planificado realizar varias acciones en contra del gobierno», entre ellas asaltar un conscripto de alistamiento militar en el estado Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto.
Con estas armas «planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades» del 5 de julio del 2022 durante el acto de aniversario de la independencia, en el que participaría el mandatario Nicolás Maduro y el alto mando militar.
El MP destacó que durante la detención de estos 6 hombres en julio de 2022, les incautaron «evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo»; el juicio de estos sujetos se extendió por casi 6 meses, tuvo 13 audiencias, «en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación», refiere el comunicado.
Tras la sentencia, varias ONG y organizaciones gremiales del país han exigido la libertad de los encarcelados.
También han realizado protestas de calle en rechazo a la sentencia y para reivindicar la inocencia de los condenados, quienes están presos por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que el argumento del Ministerio Público para emitir la pena de cárcel son capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp y Twitter.
