Un grupo de 48 migrantes presentaron una demanda en una corte federal estadounidense contra Ronald DeSantis, gobernador de Florida (Estados Unidos) por enviarlos en avión a la isla de Marthas Vineyard, tras ofrecerles ayudas económicas y legales.
El abogado Ivan Espinoza-Madrigal llegó a la iglesia de San Andrés donde estos migrantes eran atendidos para brindarles asesoría legal a estas personas de bajos recursos. La mayoría provenía de Venezuela y no hablaban inglés. Eran 48 personas, unas diez familias. El más joven del grupo tenía dos años de edad.
La mayoría de estos migrantes provenía de Caracas y llegaron a Estados Unidos por la peligrosa selva del Darién. Uno contó que su trayecto por México había sido secuestrado y le habían arrancado los dientes con un par de alicates.
«Vinimos a Estados Unidos pensando que era un país de leyes», dijo uno de los migrantes a Espinoza-Madrigal. «Y se encontraron con el mismo tipo de manipulación política, jugando con la vulnerabilidad de la misma manera que lo habrían experimentado en Venezuela», afirmó el abogado al recordar sus encuentros con los migrantes.
Cuando los abogados preguntaron cómo habían llegado a ese lugar, los migrantes respondieron que fuera del refugio donde se alojaron en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, les habían ofrecido ayuda para sacar sus papeles, conseguir empleo y casas, e incluso hacer cursos gratis de inglés.
«No somos un estado santuario»
El gobernador del estado de Florida, Ronald DeSantis, se atribuyó el traslado de los migrantes el jueves 15 de septiembre, durante una alocución pública.
«No somos un estado santuario y es mejor ir a una jurisdicción santuario«, dijo al referirse a las ciudades estadounidenses que disponen de políticas de acogida para los migrantes indocumentados. «Y sí, vamos a facilitar ese traslado para ustedes».
«Incluso cuando apenas se les lleva a las puertas de sus casas una pequeña fracción de lo que enfrentan cada día las ciudades fronterizas, de repente se vuelven locos», apuntó DeSantis sobre los demócratas.
«Están tan molestos porque esto está sucediendo, y eso indica que sus muestras de virtud son un fraude», afirmó en respuesta a las críticas del presidente Joe Biden, quien condenó la maniobra.
La organización Abogados por los Derechos Civiles introdujo una demanda ante una corte federal de Massachusetts contra el gobernador republicano, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, y el estado de Florida.
El objetivo es exigir que se les prohíba «inducir a los migrantes a viajar a través de las fronteras estatales mediante fraude y tergiversación», y obtener indemnizaciones para los afectados.
«Todo esto fue un esquema fraudulento elaborado para reubicar y expulsar inmigrantes de las comunidades fronterizas a Martha’s Vineyard, para usarlos y jugar con ellos como peones políticos», señaló Espinoza-Madrigal.
Traslado voluntario
«Si 50 son una carga para uno de los lugares más ricos de nuestro país, ¿qué pasa con todas esas comunidades que han sido invadidas por decenas o miles (de migrantes)?, declaró el gobernador de Florida después de que se conoció la demanda.
La directora de comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske, indicó en un comunicado que el traslado de los migrantes a Martha’s Vineyard se hizo de «forma voluntaria». «Los inmigrantes estaban sin hogar, hambrientos y abandonados, y estos activistas no se preocuparon por ellos en ese momento».
Además, Fenske hizo llegar a medios estadounidenses una copia del formulario que habrían firmado los migrantes, para aceptar el traslado y librar al «benefactor y sus representantes» de responsabilidades en caso de «daños o lesiones» ocurridos durante el viaje.
Sin embargo, la traducción en español no refleja el contenido completo de la versión en inglés. No dice, por ejemplo, que el destino final era Masachussetts.
El senador demócrata por Florida, Jason Pizzo, introdujo una segunda demanda para exigir que se prohíba a DeSantis el uso de fondos públicos para el traslado de migrantes a otros estados.
