Luego de dos años registrando una recurrente caída del Producto Interno Bruto (PIB), 8 trimestres en depresión económica (12 al culminar 2016), Jesús Casique, uno de los asesores de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional pronostica para cierre de año una inflación de 560% y entre 12,5 y 13,6 % de contracción económica en Venezuela.
Mucho peor es la proyección del Fondo Monetario Internacional para el año 2017, con una inflación de 2.200%, cifra que según Casique será inaguantable para el bolsillo del venezolano.
En su visita a la ciudad de El Tigre, atendiendo la preocupación de los empresarios por el entorno económico del país, el economista aseguró que los sectores manufactura y comercio que representan el 25% del PIB, «han sido extremadamente golpeados por las expropiaciones efectuadas por Jorge Giordani y El Dakazo, que también contribuyó a aniquilar el aparato productivo».
Casique desmonta el discurso de «la guerra económica» afirmando que se trata de un concepto político
«La guerra es del gobierno central que maneja 97% de las exportaciones totales que son petroleras, con una proyección de cierre de año 2016 entre 22 o 24 mil millones de dólares producto de estas exportaciones, recursos escasos para otorgar divisas a través de los mecanismos del control de cambio».
Reiteró la propuesta de un buen número de economistas que coincide en la unificación cambiaria, liberar el control de cambio y que se establezca un fluctuante alrededor de 540 bolívares / dólar para iniciar.
Presupuesto Nacional sin pasar por la AN es inconstitucional
«Cómo aprobar un presupuesto si no hay cifras del 2016. El Banco Central de Venezuela no ha publicado la inflación acumulada de enero a septiembre, ni el PIB ni la balanza de pago del cuarto trimestre del año. Pasar por encima de la Asamblea Nacional y aprobar un presupuesto que no va a ser debatido, es totalmente inconstitucional», tal y como lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Además de considerar que la ley de endeudamiento es un punto que ha sido soslayado por algunos medios, sostuvo que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que plantea la presentación del presupuesto ante la sala constitucional del máximo tribunal, tiene impactos en la inversión extranjera directa, en el desempeño macroeconómico de Venezuela y los propios inversionistas.
«Al final, los afectados son los ciudadanos venezolanos y los empresarios que no pueden hacer rápidamente ajustes para mantener sus estructuras de costos, asumir nuevos aumentos salariales y el mismo margen de ganancia de la Ley de Precios Justos», agregó.
«Hablando de constitucionalidad, el gobierno debe respetar el artículo 320, no puede el BCV seguir financiando a Pdvsa con 206 mil millones de dólares, equivalente a 17 veces las reservas internacionales, esto es una violación al artículo 320 que atiza aún más la inflación en nuestro país».
Artículo 320 CRBV:
El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.
El ministerio responsable de las finanzas y el banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones; el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.
La actuación coordinada del Poder Ejecutivo Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para el alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de cuantas.
