El diario español ABC informó que representantes del Gobierno venezolano amenazaron con la “expropiación inmediata” si los empresarios españoles no mediaban para que cesara una presunta campaña mediática que afecta la imagen del país caribeño
Con información de EFE
Altos funcionarios del Gobierno venezolano se reunieron el jueves pasado con representantes de las principales empresas españolas en Venezuela, con la finalidad de transmitir su malestar por la imagen que se ofrece del país en los medios de comunicación españoles.
En la reunión, celebrada el pasado jueves, participaron por parte venezolana el vicepresidente, Jorge Arreaza, el viceministro de Exteriores para Europa, Calixto Ortega y el presidente de la Corporación de Comercio Exterior, Ramón Gordils.
Entre las empresas españolas en Venezuela fueron convocados representantes de Telefónica, Zara, Repsol, BBVA, Mapfre, Meliá, Iberia y Air Europa.
Según las mismas fuentes, en el encuentro los dirigentes venezolanos pidieron a las empresas españolas que influyan para que cese lo que consideran “campaña mediática” contra el país por parte de varios medios de comunicación españoles.
También indicaron que si esa campaña no se reducía podrían verse obligados a tomar medidas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró hoy que “la libertad de opinión y de prensa son dos principios irrenunciables” en referencia a la reunión de las autoridades venezolanas con las empresas españolas.
En una conferencia de prensa junto con la alta representante de la UE, Federica Mogherini, García-Margallo informó de que un día después de ese encuentro el embajador de España en Caracas, Antonio Pérez Hernández, se reunió con las empresas españolas y con autoridades venezolanas.
También el secretario de Estado para Asuntos Iberoamericanos, Jesús Gracia Aldaz, abordó este asunto con extremo cuidado, según el ministro, quien señaló que hoy también conversó sobre el tema con el embajador español en Caracas.
En este sentido, García-Margallo manifestó que el Gobierno tiene el derecho y el deber de defender los intereses españoles en el mundo.
