El gobierno venezolano informó este lunes 14 de agosto que se introdujo formalmente la apelación de la administración de Nicolás Maduro a la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.
El Ejecutivo asegura que la CPI “incurrió en seis errores de hecho y de derecho”; esperan que se acepte el recurso y defendieron “la aplicación de la justicia” en el país, reseñó Efecto Cocuyo.
Asimismo insisten que este proceso “tiene una motivación política”, pese a que el gobierno ha recibido en dos ocasiones al fiscal Karim Khan, con quien acordó abrir una oficina de asistencia técnica, pero mantiene su posición en contra de la investigación.
Entre los argumentos que presentó el gobierno de Nicolás Maduro en esta apelación destacan que el examen preliminar “jamás se realizó conforme a los parámetros del derecho internacional y del Estatuto de Roma”.
También señala que “se impidió a Venezuela (gobierno) ejercer su derecho a la defensa”, porque no le permitieron “acceso a la información sobre los hechos concretos que eran evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró que la apelación del Estado venezolano no suspende la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Himiob explicó que no se han articulado los mecanismos necesarios para la instalación de la oficina de cooperación de la CPI en el país, «no hay ningún paso concreto importante en ese sentido», enfatizó.
Dijo que una investigación ante la CPI no tiene por objeto cambiar algún gobierno, sino busca que los eventuales responsables de crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la justicia.
La Sala de Cuestiones Preliminares I decidió el pasado 27 de junio que debe continuar el proceso que inició la Fiscalía de la CPI en el 2018.
Desde el 2021 el gobierno intenta paralizar el proceso, en noviembre de 2022 el fiscal Khan solicitó continuar el caso Venezuela I.
Se procedió a dar plazo para que las víctimas presentaran testimonios y de nuevo el Ejecutivo buscó tener información de esos casos que la CPI no le permitió por protección a los ciudadanos afectados por violaciones de derechos humanos.
