Este jueves 28 de abril se llevó a cabo una reunión informativa en la sede de la Cámara de Comercio de El Tigre, donde su Junta Directiva encabezada por Ramón Quiñones, reconoció en todo momento las múltiples irregularidades del proceso de contratación de Fospuca, pero manifestó tener una postura conciliatoria para conseguir tarifas acordes a la realidad económica del municipio. Por otra parte, tanto el concejal Horacio Guzmán y el abogado Miguel Cabello sostienen que el problema principal es el carácter ilegal del funcionamiento de esa empresa en nuestra ciudad. Cabello propone que antes de discutir tarifas, es necesario convocar un nuevo proceso de licitación con el concurso de varias empresas y que la comunidad general participe.
Antes de exponer algunas de las intervenciones más destacadas, es importante resaltar la cantidad de comerciantes asiáticos que se hicieron presentes en el encuentro realizado desde las 6 pm. Recordemos que hace dos días ellos protagonizaron algo inédito: A partir de las 12 pm y durante el resto del día 26 de abril cerraron sus abastos para exigir respeto al alcalde Ernesto Paraqueima, señalado de hacer “burlas e intimidación” en su programa radial, según se leyó en el comunicado colocado en todas sus santamarías.
Algunos testimonios de la reunión del 28 de abril:
Edgar Hernández, uno de los asesores jurídicos de la Cámara de Comercio señaló que este viernes 29 el presidente de la Cámara de Comercio asistirá a una citación de la Fiscalía 21 con competencia ambiental, a propósito de la investigación iniciada por la Fiscalía 86 Nacional el día anterior.
Hernández dijo que en ese encuentro con el fiscal se va determinar si dentro de las medidas provisionales acordadas en Caracas se incluye o no la suspensión de las tarifas Fospuca; así como el desanclaje que exigen los contribuyentes, ya que actualmente no pueden cancelar otros impuestos y tasas a la Alcaldía si no han pagado la factura Fospuca.
De igual forma dio a conocer que en la mesa de conversación propiciada por el Ministerio Público participará además la Gobernación de Anzoátegui.
Después de varias preguntas de los asistentes, otro asesor legal del gremio reconoció que hay varios actos que ellos consideran nulos.
“Hay una ordenanza de Aseo Urbano Domiciliario que estamos cuestionando por la forma cómo se aprobó, porque no contó con la discusión pública con los sectores afectados. Hasta ahora esa ordenanza es nula porque no se cumplieron los mecanismos necesarios para validarla como tal, así como tampoco cumple el Decreto de tarifas que nos ha sido impuesto”, expresó el abogado Luis Solórzano.
En el encuentro, un comerciante denunció que el pago de Fospuca le salía 1000% por encima de lo que cancela por Actividades Económicas. El contador y asesor legal Jorge Barboza manifestó que uno de los planteamientos que ellos discutirán es que no puede tratarse de tarifas confiscatorias. Puntualizó además que legalmente la base de cálculo para el servicio de aseo urbano en todo el territorio nacional, se hace en base a kilos y no en metros cuadrados, como plantea Fospuca El Tigre.
El presidente de la Cámara de Comercio, Ramón Quiñones, expresó en su intervención: “Con las quejas que nos han hecho llegar hemos optado por la vía de la comunicación y la concertación. Se conformó una Mesa Técnica que ha estado trabajando con asesores legales y tributarios para hacer las propuestas debidas y adaptarlas a las realidades económicas que vivimos en el municipio”.
Quiñones también cuestionó que se llegó a un acuerdo con el alcalde Paraqueima para permitir la declaración de ingresos estimada, pero ese acuerdo se irrespetó. “Después de Semana Santa volvieron a bloquear el sistema obligando pagar Fospuca para pagar en la Alcaldía, cosa que es ilegal”, señaló.
El concejal Horacio Guzmán aclaró que la concesión no ha sido aprobada por ninguno de los concejales de la Cámara Municipal de El Tigre; y aseguró que él viene levantando su propio análisis con el apoyo de asesores técnicos y jurídicos.
También le explicó a los comerciantes que el servicio de aseo urbano no es un impuesto sino una tasa. Guzmán aprovechó para referirse a lo que varios voceros insisten en señalar, que el servicio que brinda Fospuca es bueno.
“Señores, si nosotros presuntamente estamos ante una empresa que no ha cumplido con todo el procedimiento legal para su funcionamiento en el municipio, no puede ser buena. Eso es como el hombre que golpea a la mujer, pero es bueno porque saca a los niños a pasear los domingos”, comparó.
El abogado Miguel Cabello en el último turno de palabra fue más directo al plantear que la opción prioritaria en cualquier mesa de conversación, es la misma: Llamar a un nuevo proceso de licitación pública apegado a lo que ordena la legislación venezolana.
“Lo primero que debo decir es darle las gracias a Dios porque nos ha escuchado a su manera. Cuando el alcalde pedía en estos días montar un fiscal para cada uno de los negocios chinos para ver qué hacían y no hacían, resulta que Dios dijo, sí, te voy a dar un fiscal, pero la Fiscalía 86 Nacional para que proteja a la ciudad de El Tigre”, dijo Cabello al inicio de su intervención.
En su exposición reiteró parte del análisis jurídico publicado recientemente en diarioelvistazo.com, en el que demuestra jurídica y cronológicamente, que el procedimiento que dio luz verde a Fospuca aquí en El Tigre es ilegal y puede acarrear responsabilidades penales de los implicados.
En relacion a la investigacion iniciada por la Fiscalía 86 Nacional, reflexionó: “Desde el más alto nivel de uno de los órganos del Estado venezolano se nos está diciendo que El Tigre no es una parcela de la conchinchina. No. El Tigre está en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui y se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes orgánicas y la ordenanza en particular. De tal manera que ni Fospuca ni el alcalde pueden apabullar, humillar, desacreditar, perseguir y crear un estado de zozobra que está dividiendo a la familia y a la ciudad y aquí todo el mundo lo que anda es medio asustado”, expresó.
Considera que el Ministerio Público viene buscando una solución, y deben revisarse aspectos mucho más delicados como “presunto tráfico de influencias o concierto previo para contratación”, describió el abogado.
“Aquí debe aprovecharse que se abrió una investigación, para que el alcalde sea alcalde de la ciudad. Que sepa que aquí vivimos ciudadanos, aquí no vivimos ni malandros ni personas esclavizadas; somos ciudadanos de una República y merecemos respeto”, expresó Cabello ante el público.
Y usted, estimado lector: ¿Qué opina? ¿Nuevo proceso de licitación ó conciliación para bajar tarifas?
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