Al menos 150 millones US$ de sobornos habría pedido a empresarios españoles para licitación de proyecto eléctrico. Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de US$ 1.500 millones de la petrolera estatal venezolana //
Fragmentos de la investigación de José de Córdoba y Juan Forero publicada este jueves 22 de octubre en The Wall Street Journal donde explican la investigación que realiza la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Pero cuando llegaron a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar, dijeron dos personas que participaron en esa reunión de 2006. Salazar, dicen estas fuentes, fue directo al grano: si querían entrar en carrera, los españoles tenían que pagar por lo menos US$150 millones en sobornos. “Si no, deben regresar al aeropuerto”, les dijo Salazar, según una persona.
Los ejecutivos no aceptaron, pero muchos otros proveedores estaban dispuestos a seguir el juego en varios proyectos de PDVSA, dicen personas que trabajaron con la empresa antes de la salida de Ramírez, el año pasado.
Ahora, las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una serie de investigaciones de amplio alcance sobre la posibilidad de que líderes venezolanos hayan usado PDVSA para saquear miles de millones de dólares del país a través de sobornos y otros ardides, dicen fuentes al tanto. Las investigaciones, realizadas por agencias federales en varias jurisdicciones de Estados Unidos, también tratan de determinar si PDVSA y sus cuentas bancarias en el extranjero fueron utilizadas para otros fines ilegales, incluidos el manejo de divisas en el mercado negro y el lavado de dinero del narcotráfico, dicen estas personas.
En marzo, la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) abrió una ventana poco común al movimiento de grandes cantidades de dinero de PDVSA. La agencia emitió un documento en el que dice que un banco de Andorra, el pequeño principado que se encuentra entre España y Francia, estaba siendo presumiblemente utilizado por funcionarios venezolanos corruptos y mafiosos rusos y chinos como centro de lavado de dinero.
La FinCEN dijo que ejecutivos de esa institución, Banca Privada d’Andorra (BPA), ayudaron a lavar más de US$4.000 millones de dólares de Venezuela, de los cuales cerca de US$2.000 millones fueron “desviados” de PDVSA. Como resultado del hallazgo de la FinCEN, las autoridades andorranas y españolas tomaron el control de BPA y de su filial española, Banco Madrid. Ramírez, Salazar y otros venezolanos que hicieron negocios con PDVSA también están siendo investigados en España por posible lavado de dinero, dijeron personas al tanto.
A principios de este mes, los accionistas controlantes de BPA, Ramon e Higini Cierco, presentaron una demanda federal en Washington contra la FinCEN, exigiendo que revierta su decisión. Un portavoz de los hermanos dijo que ni las auditorías realizadas por empresas de contabilidad de primer nivel ni las revisiones de las autoridades andorranas y españolas habían planteado preocupaciones significativas. El vocero agregó que el banco notificó los incidentes de presunto lavado de dinero a las autoridades antes del informe de la FinCEN. “No había ninguna base jurídica o probatoria para justificar el cierre del banco”, señaló.
En mayo, las autoridades judiciales de Andorra enviaron una extensa documentación al Departamento de Justicia de EE.UU. y a autoridades judiciales de Venezuela solicitando su ayuda en la investigación. Las autoridades andorranas no quisieron comentar al respecto.
Un documento al que tuvo acceso The Wall Street Journal esboza una serie de transacciones sospechosas y pide a las autoridades estadounidenses información sobre dos docenas de personas y empresas, entre ellas importantes banqueros venezolanos, antiguos funcionarios de PDVSA, y las empresas conjuntas que la compañía tuvo con petroleras extranjeras.
Documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal muestran que Salazar recibió cientos de millones de dólares en sus cuentas en Andorra de parte de compañías, muchas de ellas empresas fantasmas domiciliadas en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas.
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