Unas 300 familias del municipio San José de Guanipa, estado Anzoátegui, donde se contabilizan más de 120 adultos mayores, en su mayoría jubilados del Ministerio de Educación y Pdvsa, así como 150 niños, solicitan la ayuda del fiscal general Tarek William Saab para resolver el conflicto jurídico de sus viviendas pertenecientes a El Nazareno, conjunto residencial rodeado de controversia desde el año 2005.
Micaela Landoni, presidenta de la mesa de trabajo especial elegida por la comunidad, expresó este 3 de julio al Vistazo que hace 16 años fueron víctimas de una presunta estafa inmobiliaria de parte de la empresa Promociones y Construcciones Anzoátegui, RIF J313240974, gerenciada por el señor Manuel Andrade Duarte.
Video: Vecinos de El Nazareno solicitan al fiscal general de la República, Tarek William Saab, los ayude con la celebración de la audiencia preliminar que llevan años esperando.
Entre las irregularidades relatadas por Landoni y Yannybelle Thiell, presidenta de la Junta de Condominio, después de pagar la inicial en los años 2005 y 2006, dos bancos negaron los créditos habitacionales por inexistencia de documentos, a pesar de haberlos consignado a la Constructora. Allí se encendieron las primeras alarmas.
Una segunda bandera roja surgió cuando la Cámara Municipal hizo la desafectación de las 30 hectáreas propiedad del INTI donde fue planificada esta urbanización de viviendas de interés social. Según declaró a los medios del momento Antorcha, Impacto y El Tiempo, Giovanni Urbaneja, asesor político de los afectados, Conavi (Consejo Nacional de la Vivienda) supuestamente aportó 7,5 millones de bolívares para construir un total de 400 casas «pero solo fabricaron 150». Es decir, según Urbaneja El Nazareno contó con fondos del Estado.
En esa época el alcalde de Guanipa era Freddy Arriojas Barrios y Pedro Martínez, presidente de la Cámara Municipal.
Posteriormente se presentó un tercer elemento de discordia: La presunta venta duplicada de algunas viviendas.
A raíz de toda esta inestabilidad, en el año 2008 los afectados se vieron obligados a meterse en sus viviendas en obra gris, cuando varios habitantes de sectores aledaños intentaron forzar las puertas para invadir sus propiedades, relató Thiell.
Si bien hasta ahora hemos descrito varios episodios hostiles, la cuarta alarma fue una completa tragedia. En marzo del 2009 fue asesinada en Puerto La Cruz la inspectora del Ministerio de Hábitat y Vivienda, Ingeniera María Cleslia Spinas, quien venía recabando las denuncias de El Nazareno y Nube de Agua, junto al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Los propietarios relataron que luego de ese suceso violento la Constructora cerró sus puertas y ellos quedaron en un limbo. Limbo que terminó en el año 2021 cuando los abogados del señor Andrade reaparecieron en El Nazareno solicitando el pago de las viviendas. Según expresó Néstor Guevara, piden $ 5.000 dólares por cada casa.
Micaela Landoni agregó que desde el 2012 iniciaron una demanda penal contra Andrade, pero por múltiples motivos la audiencia Preliminar ha sido diferida a lo largo de 11 años.
Este jueves 6 de julio es la próxima cita acordada por el Tribunal 20 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC), para celebrar esa audiencia Preliminar. Landoni, Thiell y los otros comisionados, el parlamentario comunal Carlos Silva y el abogado Egni Javier Cabeza, esperan justicia.
Más datos: Con la aparición de «los cobradores», desde hace 8 meses la mesa de trabajo especial ha sostenido reuniones con varios funcionarios de la Alcaldía de Guanipa, como el ex director general William Bellorín, su sucesor Miguel Martínez; el Síndico Municipal Jesús Guarata, entre otros funcionarios. Siguen esperando una respuesta de ellos y del alcalde Ernesto Rodríguez.
Retrospectiva del asesinato de Spinas
La periodista Eleida Briceño, de El Tiempo, publicó que por el asesinato de Spinas fueron privados de libertad para iniciar el proceso de investigación, Andrade (58) y su yerno Manuel Alfredo Rojas Bravo (37). Así lo determinó la juez V de Control, Eloina Ramos, después de escuchar los argumentos de las fiscales Rosa Pérez y Karina López quienes los señalaron de ser presuntos autores intelectuales del crimen, planteamiento rechazado por los abogados defensores.
«La magistrada decidió que los dos imputados deben ser recluidos en los calabozos de la Policía del estado Anzoátegui, en Lechería (…) se supo que los defensores privados de Andrade Duarte y Rojas Bravo, pidieron al tribunal la nulidad del acta de aprehensión de sus clientes, pero la juez negó esa pretensión. También solicitaron que se dejara sin validez la relación de llamadas telefónicas de los celulares de Andrade y Rojas, presuntamente porque consideran que la información reflejada no era real«.
