Por segunda vez en 6 semanas, Estados Unidos anuncia nuevas restricciones para viajar a ese país a un número adicional de funcionarios venezolanos señalados de haber cometido violación de derechos humanos y estar inmersos en actos de corrupción.
Noticias relacionadas: Firman sanciones contra funcionarios venezolanos
Sanciones individuales a funcionarios venezolanos aplicarán en todo el mundo
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue tajante al indicar: «Estamos enviando un mensaje muy claro que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción, y sus familias, no son bienvenidos en Estados Unidos».
«Al ignorar los repetidos llamados a un cambio, por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertados fundamentales», dijo Psaki, en un comunicado emitido este lunes 2 de febrero.
Según Washington, Caracas ha intentado «sofocar la disidencia» arremetiendo contra manifestantes que protestan por el deterioro de la situación política, económica y de seguridad. La vocera agregó que la corrupción está «contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela».
Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de legisladores.
Recordemos que el presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley, aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso, que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas que sacudieron Venezuela a inicios del año 2014.
En ambas oportunidades, el gobierno estadounidense omitió detallar el número de funcionarios o exfuncionarios venezolanos afectados por la medida o sus nombres, alegando leyes de confidencialidad. El gobierno estadounidense enfatizó que la nueva medida «es específica para individuos y no están dirigidas contra el país o sus habitantes».
Colaboración AFP