A juicio del diputado Héctor Cordero, la suspensión de la recolección del 20% de voluntades que buscaban activar el revocatorio, es parte de una estrategia que apenas comienza y tiene por objetivo socavar a los opositores y cualquiera de sus propuestas.
«Lo venía diciendo. El gobierno no se podía arriesgar a recoger las firmas porque se iban a recoger y esto automáticamente activaba el revocatorio». El también politólogo cuestionó la inconsistencia del Consejo Nacional Electoral que hoy hace caso de tribunales penales que investigarán un presunto fraude, cuando el propio ente se encargó de desechar 600.000 firmas y permitir a 1 millón 300 mil venezolanos la posibilidad de presentarse para validar su rúbrica en el proceso de 1%.
«Se trata de estrategias bien diseñadas. ¿Con qué comienzan? Hace dos días el CNE dicta un eventual cronograma electoral de elecciones regionales. Luego hay un personaje que se llama Rodríguez Zapatero, que solo habla con el gobierno, se anuncia su visita nuevamente al país, surge la medida sustitutiva de libertad para Manuel Rosales y lo mandan a su casa. Con esto ponen a decir a la gente que hay acuerdos de la oposición para entregar el revocatorio». A esta escalada de eventos el analista agregó la prohibición de salida del país contra Henrique Capriles, Jesús Torrealba y otros dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática.
El por qué de los tribunales penales
«La gente se pregunta por qué el gobierno acude a tribunales penales, por qué no al TSJ. Porque cuando se habla de fraude los tribunales penales tienen competencia», continúa su análisis. «Tenemos también el llamado que hace Maduro con el presupuesto 2017. Gobernador o alcalde que no firme el presupuesto aprobado por el TSJ va a quedar sin recursos». Cordero es enfático en señalar que ante una medida ilegal como esta, los funcionarios que avalen el instrumento tendrán que asumir responsabilidades particulares. «Con esto se apuesta a la crítica y la autocrítica dentro de la Unidad».
Vienen otras sentencias
El politólogo asegura que vienen, al menos, tres nuevas sentencias contra la oposición venezolana. La eliminación de la inmunidad parlamentaria, una medida contra Henry Ramos Allup, así como la ilegalización de la Mesa de la Unidad Democrática.
Como político radicado al sur de Anzoátegui y miembro de la coalición opositora reiteró el llamado al necesario orden y el talante democrático que debe reinar en los factores de oposición en este momento, así como también considera vital la participación de los ciudadanos en la activación de protestas no violentas.
