En la audiencia de presentación realizada ante el Tribunal de Control 1 el viernes 2 de julio, el juez Jhonatan Espinoza dictó medida privativa preventiva de libertad contra el coordinador de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), Carlos Roa. También para otro funcionario de esa dependencia identificado como Moisés Hernández.
Luego que el fiscal séptimo, Jairo Gil presentó evidencias de la presunta configuración de los delitos: Extorsión agravada continuada en grado de coautores y agavillamiento, el tribunal ordenó la privativa. Se conoció de forma extraoficial que la audiencia tuvo víctima presente.
Así mismo el precitado tribunal decretó el bloqueo financiero, prohibió enajenar bienes e inmuebles. También decretó la incautación de celulares y vehículos. A los funcionarios públicos les fue fijado como sitio de reclusión la sede del CONAS El Tigre.
Contexto: Roa, de 29 años de edad y Hernández de 30 fueron denunciados el 22 de junio en el CONAS El Tigre.
Un representante de la «Recuperadora Metales Chatarra C.A.» aseguró que ambos funcionarios le exigían 200$ quincenales a cambio de no cerrar su compañía.
Luego de un trabajo de investigación funcionarios del CONAS «practicaron la aprehensión en flagrancia» de Roa y Hernández en una entrega controlada el día 30 de junio, reseña una minuta a la que tuvo acceso El Vistazo.
Entre las evidencias de interés criminalístico se describen: Dos teléfonos celulares, dos billetes de 10 dólares y un vehículo Ford Explorer, placa AI277YA.
Antes de ocupar este cargo en la ONCDOFT, Roa se desempeñó durante varios años como jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en la zona sur del estado Anzoátegui.
