Nilsa Varela Vargas
La reconocida jueza Freya Ron fue transferida a Maroa, lejano caserío indígena del estado Amazonas al que solo se tiene acceso por helicóptero o curiara, acción considerada un «destierro judicial» por sus colegas de la ciudad de El Tigre.
En el programa Diagnóstico de Circuito Órbita, el jurista Arturo Pinzón lo catalogó como «un acto de injusticia contra una jueza que aplica justicia». Se solidarizó con la hermana de quien en vida fue una de las más resaltantes revolucionarias del proyecto chavista, Lina Ron.
Juristas rechazan acción de traslado de jueza Freya Ron
«Respaldamos a alguien que además de ser una de las mejor preparadas de la zona, es una doctora que ha demostrado preocupación por las personas, que no se parcializa con nadie. Fue objeto de un traslado a Amazonas, esto claramente es un despido indirecto, algo que no se merece».
Pinzón rechazó también que hayan rebajado su categoría, ya que en Maroa se desempeñaría como jueza de municipio y en El Tigre era jueza del Tribunal de Control N. 3 del Circuito Judicial Penal desde hace 9 años.
Además de pedir revisión de esta decisión, Pinzón explicó que formalmente es la Coordinación penal de la judicatura del estado Anzoátegui, la instancia responsable de hacer estos cambios laborales.
La abogada Zachenca Aguilera, también rechazó la medida y explicó que no solo afecta a la profesional del derecho que vive esta situación sino también a los privados de libertad y sus familiares.
«Nos sentimos afectados por este despido injustificado. Durante su desenvolvimiento en el tribunal de control N°3, siempre estuvo dispuesta a atender en su despacho y dar respuesta a los familiares y a todo su equipo de trabajo, nunca tenía una cortina para atender».
Yasnail González, esposa de un privado de libertad también se unió a la denuncia y aseguró que de no tener una respuesta contundente, paralizarán el Palacio de Justicia de El Tigre.
ANTECEDENTES
El abogado Miguel Cabello, participó telefónicamente en el programa para manifestar su solidaridad con Ron y vio positivo que en esta oportunidad un grupo se manifieste y recoja firmas en rechazo a la decisión de traslado.
Señaló que este no es el primer caso de este tipo en la zona. Recordó a José Leal y Denys Bastidas, que también fueron afectados por maniobras del sistema judicial venezolano.
«Esta situación nos pone a pensar a los abogados, vemos que quienes imparten justicia no tienen un debido proceso. Todos sabemos su tendencia política de la doctora Ron, su parcialidad abierta al presidente Chávez, no afectó su labor profesional». Cabello manifestó su interés en que este reclamo incluya otros casos de jueces que también han sido víctimas de decisiones sin debido proceso.
