El Nuevo Herald. La reunión de junio se llevó a cabo a puerta cerrada, lejos de la intensa atención normalmente enfocada en Venezuela. Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel sobre el Canal de Panamá, funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares en contratos de importación de alimentos pese a el hambre que se padece en la rica nación petrolera.
Esa reunión, y varias desde entonces, es parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro y castigar las billeteras de altos funcionarios de la administración socialista de Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga al empresario colombiano, Alex Saab, uno de los señalados de presuntamente beneficiarse con la importación de los alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan”, dijo Marshall Billingslea, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos.
Trascendió que investigadores forenses financieros de los EEUU y tres aliados conservadores de América Latina -México, Panamá y Colombia- rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado con el gobierno. Sigue leyendo, clic aquí.
+Datos. Saab solicitó a través de sus abogados que un tribunal de juicio prohíba a los periodistas venezolanos Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk, Roberto Deniz y Alfredo Meza mencionarlo en sus investigaciones por considerar que esas historias afectan su honor y reputación, orden que procedió gracias a Conatel.
