El pueblo venezolano reaccionó el 16 de julio para defender la libertad, la democracia y los Derechos Humanos; ante la ceguera ideológica, la soberbia y la intransigencia del gobierno de Nicolás Maduro; el cual se mantiene firme en su proyecto de imponer una asamblea constituyente ilegal e ilegítima; la comunidad internacional ha sido firme y contundente.
A pesar de las amenazas y la censura en una jornada que sienta un precedente a escala mundial en el ejercicio de la soberanía popular y la participación ciudadana, más de 7,6 millones de venezolanos rechazaron la propuesta de un gobierno, deslegitimado por la sociedad, para convocar una asamblea constituyente con el propósito de consolidar una dictadura y mantenerse en el poder contra la voluntad correspondiente al 80% de la población en Venezuela.
Las declaraciones y pronunciamientos de diferentes gobiernos, organismos internacionales y diversos sectores internacionales, reconocieron la significación de la inédita jornada democrática del 16 de julio, llamaron a la racionalidad democrática y exigieron al gobierno de Maduro que escuche la expresión del pueblo, retire su convocatoria y atienda al mandato de los ciudadanos
Ante la actitud que las autoridades asumieron frente a estos llamados, tal vez sea el momento que la comunidad internacional evalúe la urgente aplicación de sanciones políticas concretas al gobierno de Maduro por las violaciones de los Derechos Humanos y la normativa internacional; sean impuestas a individuos y empresas que colaboran con el régimen, particularmente en actos ilícitos internacionales como la corrupción en el manejo de los fondos públicos, el narcotráfico o el apoyo de grupos ilegales y terroristas, dejando claro que tales sanciones son en contra del gobierno y sus integrantes y en ningún caso del pueblo o la nación venezolana.
En este sentido, exhortamos al Mercosur a que retome el debate sobre su Cláusula Democrática en su próxima reunión del 20 y 21 de julio, toda vez que el Protocolo de Ushuaia contempla en su 6° artículo un conjunto de sanciones de diversa intensidad que podrían aplicarse al gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, las consecuencias que la realización de una asamblea constituyente podría tener para la preservación de la república en Venezuela, así como para la seguridad de la región y la comunidad internacional en su conjunto, confirman la conveniencia de evaluar la eventual consideración del tema en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el formato conocido como la “Fórmula Arria”.
Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos de la región y del mundo para que presionen por una negociación que abra el camino hacia un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres, universales, directas y secretas.
Caracas, 20 de julio de 2017.
El Grupo Ávila es una agrupación compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de Relaciones Internacionales y las Ciencias Sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.
