Mesa de la Unidad Democrática suspende diálogo
Ausencia de condiciones para negociar con el gobierno
Edmundo González Urrutia, coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, enfatizó las condiciones bajo las cuales se suspendió el diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela durante su visita el 15 de mayo a medios de comunicación en San José, Costa Rica.
La Mesa de la Unidad Democrática propuso una ley de seguridad ciudadana en abril pero aún no hay reacción del oficialismo. Adicionalmente se presentó la ley de amnistía para los presos políticos y se pidió revisar individualmente cada caso de los estudiantes detenidos. La MUD solicitó la liberación de una figura emblemática: Iván Simonovis. Se acordó que dos médicos –uno del gobierno y otro de la familia- evaluaran la situación médica y el informe emitido por los galenos recomendó su liberación bajo medidas sustitutivas. Tampoco la MUD ha recibido respuesta sobre esta situación.
La MUD recomendó dentro del marco del diálogo el 10 de abril “parar el descalabro” de la economía. Los opositores sugirieron invitar a los trabajadores y representantes sindicales, sin haber recibido apoyo alguno del oficialismo.
Se pidió una comisión de la verdad para una investigación seria y objetiva que aclarara los hechos acontecidos. En cambio, cinco diputados del P.S.U.V. integraron una comisión parlamentaria para el mismo fin sin la representación de otros partidos.
La renovación equilibrada de los poderes públicos es otra demanda para nombrar tres magistrados en el C.N.E., la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y diez magistrados del T.S.J. La MUD desaprueba el aviso publicado solamente en dos periódicos del gobierno para invitar a que los candidatos envíen sus atestados a la Asamblea Nacional.
González señaló que “el gobierno no se sienta a gusto en la mesa del diálogo” luego de quince años de desconocer a la oposición. Para que la MUD vuelva a dialogar, deben darse las condiciones: alto a la represión, liberación de los presos políticos, desmantelamiento de los colectivos. La alianza opositora apoya una solución constitucional, democrática y pacífica.
González declaró que la Ley de Ordenamiento Territorial es inconstitucional porque remueve competencias de los alcaldes opositores como el Alcalde Mayor, San Cristóbal y San Diego.
