El Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana de Caracas condenó al ciudadano José Ángel Pereira Ruimwyk, expresidente de la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa en Estados Unidos, a cumplir la pena de 13 años y siete meses de prisión, por la comisión de los delitos peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, tipificados en los artículos 54 y 72 de la Ley Contra la Corrupción, así como el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 concatenado con el artículo 29, numeral 9, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; además de una multa de 2 millones de dólares equivalentes al 40 por ciento del valor de los bienes objeto del delito.
En una breve nota de prensa publicada la noche del jueves 26 de noviembre por el Tribunal Supremo de Justicia, se añade que el juzgado también condenó a los ciudadanos:
Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, ex directivos de la misma empresa, a cumplir la pena de ocho años y 10 meses de prisión por la comisión de los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.
Efecto Cocuyo destaca: «Los llamados “seis de Citgo” se encuentran detenidos desde el 21 de noviembre de 2017, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro los acusara de supuestos cargos para negociar el refinanciamiento de unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo a cambio de una participación del 50 % de la compañía, una transacción que nunca se concretó».
El medio de comunicación también agrega que los ejecutivos son venezolanos, pero algunos tienen doble nacionalidad estadounidense, por lo que desde hace más de dos años el Gobierno de Estados Unidos ha pedido su liberación, algo negado por el chavismo.
Un mediador de buena voluntad, el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, se reunió con representantes de Maduro para mediar la liberación, pero fue infructuoso.
El tribunal dictaminó además medida de inhabilitación para el ejercicio de la función pública para los condenados, y por tanto no podrán optar a cargos de elección popular por el tiempo que duren sus respectivas condenas. Los exdirectivos permanecen en la sede del Sebin en el Helicoide.
