En el foro Situación Jurídica del municipio Simón Rodríguez, en materia tributaria, realizado el jueves 14 de enero en el hotel Radazul de El Tigre, el concejal Jorge Márquez, inició su exposición diciendo que «sus acciones no son en contra de nadie, sino en defensa de todos los habitantes del municipio».
Luego enumeró argumentos para respaldar el planteamiento que ya ha denunciado en este medio digital independiente: La Cámara Municipal y la Alcaldía están en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El contexto fue muy conciso: La sentencia 0078 del 7 de julio del 2020 y la sentencia 0118 del 18 de agosto del 2020. En esas resoluciones el máximo tribunal del país plantea primero la suspensión y luego la armonización tributaria nacional con un baremo que consta de dos bandas (límites mínimos y máximos). El concejal afirma que la Cámara Municipal a la cual pertenece, y el Despacho del alcalde, han hecho caso omiso de tales disposiciones a pesar de sus reiteradas advertencias y llamados a ponerse a derecho para evitar la cárcel.
Por el contrario, a lo largo de su intervención que duró poco más de una hora (disponible en el Instagram TV @diarioelvistazo), Márquez relató varias irregularidades que fueron la constante durante la presidencia de Assad Nakkour en 2020, en el poder legislativo local.
Las anécdotas dejaron en evidencia que la fracción chavista de la Cámara Municipal y la Alcaldía de Acción Democrática se han entendido muy bien, algunos casos concretos:
La no discusión de la Memoria y Cuenta del año 2019, documento que fue escondido al llegar al ente legislativo; la aprobación de la 5ta Reforma de la Ordenanza de Actividades Económicas con la no convocatoria a esa sesión del único concejal opositor (Márquez); la no publicación de un Acuerdo de Cámara de la sesión realizada el 7 de septiembre del 2020 en la cual el cuerpo edilicio ordenaba la suspensión inmediata del cobro de los impuestos, Proyecto de Acuerdo presentado por Márquez; la negativa por parte de la fracción chavista de convocar a una nueva sesión de Cámara para acatar las sentencias del TSJ. Y finalmente, entre gallos y media noche, sin aprobar los nuevos instrumentos tributarios y catastrales que estiman la posible recaudación del municipio, esa fracción Madurista aprobó un presupuesto de 3 billones de bolívares. A esta última cita que según Márquez se concretó el 30 de diciembre, tampoco fue convocado el concejal opositor. Esas relaciones entre el PSUV y Acción Democrática tienen sus voceros en Assad Nakkour y Ernesto Raydán.
«Presenté un proyecto que fue aprobado y nunca fue publicado en Gaceta Municipal porque la grabación de esa sesión supuestamente se perdió», dijo Márquez de esa sesión realizada el 7 de septiembre que buscaba sacar a la Cámara del desacato y evitar órdenes de aprehensión contra sus integrantes.
«La actual ordenanza de actividades económicas que se aplica en El Tigre está 43% por encima de la banda más alta planteada en el acuerdo nacional de armonización de impuestos», fue otra de las frases clave que expresó el moderador.
Mencionó que a pesar de que la actual cobranza de impuestos municipales en El Tigre está al margen de la ley, funcionarios de la Alcaldía «se han dedicado a llamar a los contribuyentes para amenazarlos», sin ningún pudor como forma de presión para seguir recaudando.
«Ejemplo de ello es que en el mes de noviembre el SAMAT cerró un local comercial de un asiático, caso que contó con una amplia publicidad para amedrentar al resto; e incongruentemente, el jefe tributario, Humberto Raydán, sale ahora en enero ofreciendo un descuento del 10% de la deuda a quien cancele los impuestos adeudados del 2020, desechando los intereses moratorios y las multas que establece la ordenanza, que son de estricto cumplimiento por este funcionario. Además, el superintendente tributario municipal no tiene competencia para exonerar intereses y sanciones que se encuentran establecidas en la ordenanza. El único ente con tal capacidad es la Cámara edilicia del municipio».
En ese momento y de forma automática dos asistentes al foro respondieron que las presiones son una realidad; se trataba de representantes de clínicas y centros comerciales que son constantemente «tocados» ó «chocados» por cobradores.
«Sí, es horribe», expresó uno de los presentes.
En el ciclo de preguntas y respuestas, también hubo llamados de reflexión colectiva y en voz alta, de parte de comerciantes, ingenieros, empresarios, sindicalistas, así como representantes de la Cámara de Comercio de El Tigre.
Hubo otros asistentes que tampoco pasaron desapercibidos: Gloria Ron, presidenta del Colegio de Abogados de El Tigre, y Jorge Barboza, abogado y miembro de la directiva del Colegio de Contadores Públicos. Este último consideró que justo con respuestas legalistas como las que plantea el concejal, es que se debe hacer frente a estas acciones gubernamentales que calificó como un ejemplo de «voracidad tributaria», que solo atentan contra la estabilidad económica de la ciudad.
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Conclusiones
Márquez exhortó a los contribuyentes «abstenerse de cancelar todo tipo de impuestos, en virtud que el municipio Simón Rodríguez se encuentra en total desacato a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto el municipio se adecúe a las mismas, y la Cámara Municipal apruebe los nuevos instrumentos tributarios».
A lo largo de la exposición el concejal Jorge Márquez reiteró que los llamados a sus homólogos, así como sus declaraciones públicas buscan dejar constancia para salvar su responsabilidad en torno al desacato en el cual se encuentra incurso el despacho del alcalde del municipio y la Cámara Municipal.
«Ante estas circunstancias es ilegal aprobar el Proyecto de Presupuesto del año 2021 -agregó-, presentado por el ciudadano alcalde, en virtud de que si no están aprobadas las Ordenanzas Tributarias adecuadas a las precitadas sentencias del TSJ, instrumentos que estimarán la recaudación propia del municipio, mal se puede ejecutar un presupuesto con falsos supuestos».
Próximas acciones
Los planteamientos de Jorge Márquez para dar a conocer la ilegalidad de los impuestos municipales, serán consignados ante el TSJ. En cuanto a los altos costos del servicio del Aseo Urbano (nada relacionado a impuestos), el abogado asegura que tras recibir múltiples quejas de pequeños, medianos y grandes empresarios de El Tigre, solicitará una acción de nulidad contra la reforma de la Ordenanza vigente. «Se ha convertido en un servicio confiscatorio», señaló.
