El fiscal general, Tarek William Saab, junto al canciller, Jorge Arreaza, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles 23 de septiembre desde la sede del Ministerio Público, el informe La Verdad de Venezuela.
El documento busca contrarrestar el informe de Naciones Unidas presentado el 16 de septiembre en el que el organismo culpa a Nicolás Maduro de graves crímenes de lesa humanidad.
En rueda de prensa los funcionarios explicaron que ese informe sobre Derechos Humanos tiene el objetivo de «dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas», según afirmó el fiscal.
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«La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene todas estas informaciones porque las han trabajado con nosotros», al referirse a los casos reales en los que el Estado venezolano ha actuado. «Es lamentable que ocurran estas cosas, pero al menos hay una actuación del Estado venezolano», indicó sobre las denuncias.
El canciller por su parte que «no podemos avalar un ataque de esta magnitud contra Venezuela. La oficina de Bachelet tiene seis representantes que conversan con todas las instituciones regularmente. El Estado está en su obligación de no darle validez a una resolución respaldada por países que no nos reconocen».
Sobre lo presentado a los medios este miércoles explicó: «este informe es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos».
Arreaza estimó: «Son expertos privados que han perdido su carácter, que cometieron un error político y metodológico durante la investigación» en la que se pretende hacer ver presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. «Se ha investigado cualquier exceso que hayan podido cometer funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones. Le pido a los medios de comunicación rigurosidad en el tratamiento de las informaciones».
El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, criticó el informe. «Viene a presentar que valen más los derechos humanos de algunas personas sobre otras. No dice nada sobre quiénes planificaron los asesinatos y ataques contra funcionarios militares en protestas o manifestaciones (…) Es absolutamente sesgado y utilizado en contra del Consejo de los derechos humanos, para nosotros es importante frenar esta situación».
