La independencia del sistema judicial de Venezuela ha sido socavada, lo que contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, concluye un informe publicado por Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe de la ONU fue solicitado en septiembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y que será entregado esta semana.
El mismo insta al gobierno a que “emprenda las reformas del poder judicial anunciadas por el gobierno en enero de 2020 con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Falta de transparencia
Bachelet señala que la falta de independencia del sistema de justicia se debe a “la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política”.
El informe indica también que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia, lo que redunda en su revictimización”.
La alta comisionada constata que la fiscalía “ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad”, aunque, añade, “aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género”.
Mecanismo independiente
Entre sus recomendaciones, insta a Venezuela a que establezca un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente.
También solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Asimismo, pide “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
Por último, insta al cese “inmediato” de cualquier “intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia”. Con información de El Nacional / AFP.
