La Asamblea Nacional (AN) dio luz vede a un articulado dentro del proyecto de reforma de la Ley de Actividad Aseguradora, en el que se establece que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) se encargue de crear la dirección de defensoría del formador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado.
La norma, que continuará debatiéndose en próximas sesiones pues aún no han sido aprobados en segunda discusión sus más de 140 artículos, ordena a las empresas de seguros y de medicina prepagada a tener en estructura la unidad de defensa para atender y recibir denuncias, reclamos o quejas, la cual estará a cargo del defensor, del tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado de conformidad con las normas dictadas por el ente regulador.
“Entre los derechos aprobados para los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados, destaca que podrán elegir libremente la empresa de seguros o de medicina prepagada que cubrirá los riesgos a los cuales están expuestos”, señala una nota de prensa del Parlamento a propósito del debate de 6 de octubre.
De acuerdo al boletín se establece en la norma que ninguna institución o empresa podrá obligar a sus clientes a contratar, a través de intermediarios, y a recibir atención en caso de emergencia médica sin que esta se encuentre condicionada por la relación comercial entre los sujetos regulados y las instituciones hospitalarias prestadoras de los servicios de salud.
En el artículo 123 quedó establecido que las empresas de seguro, medicina prepagada y administradoras de riesgos están obligadas a hacer efectivas las indemnizaciones en un plazo máximo de 20 días continuos siguientes contados a partir de la fecha que se haya entregado el último recaudo, o del informe de ajuste de pérdidas, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones.
Durante la sesión, la plenaria conmemoró el 87 aniversario de la muerte del poeta y precursor del movimiento marxista en Venezuela José Pío Tamayo y acordó por unanimidad el traslado de sus restos al Panteón Nacional.
A través de un acuerdo, la directiva de la AN designó una comisión de parlamentarios larenses para que se encarguen de los detalles del traslado de los restos mortales de Tamayo desde El Tocuyo, estado Lara, hasta el Panteón Nacional.
